El Departamento de Justicia logró probar causa para el arresto de Félix Burgos Colón por violar una orden de protección expedida a favor de su excompañera, al instalar un dispositivo de posicionamiento global, conocido como GPS, que escondió en el vehículo de esta.
La presentación de cargos, por parte del fiscal Alexis J. Arraiza Antonmattei ante el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, fue apoyada por prueba totalmente cibernética.
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Según el fiscal Gilberto Gierbolini, director de la División de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia, es la primera vez que el ministerio público logra probar causa a través de evidencia de carácter cibernético, lo que para la fiscalía es un logro significativo en este tipo de proceso. Para ello, fue necesaria la colaboración de un equipo de fiscales y agentes de la Policía con pericia en el ámbito de la tecnología.
Como parte de la prueba presentada ante el juez Manuel Meléndez, la fiscalía empleó informes que documentaban el posicionamiento de la perjudicada y el imputado para establecer la constante persecución por parte de Burgos Colón hacia la mujer, así como una serie de análisis generados por peritos en tecnología, entre otras evidencias.
El informe de la Policía establece que Burgos Colón colocó un GPS debajo del vehículo de la perjudicada identificada como Joyce Andreu Barrios, con el propósito de monitorear la localización de ella. Existía una orden de protección al amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico contra Burgos Colón y a favor de Andreu Barrios, por un patrón de acecho del imputado contra la perjudicada.
El GPS fue encontrado el 28 de noviembre de 2020, mientras la perjudicada estaba en el negocio Meineke cambiando el aceite y filtro de su vehículo. El dispositivo fue encontrado por el mecánico que ejercía la labor. La perjudicada se mantuvo revisando el vehículo con posterioridad, por lo que encontró dos dispositivos GPS adicionales el 25 de enero de 2021 y el otro el 22 de febrero de 2021.
Conforme a la investigación, efectuada por los agentes del orden público, se constató que los tres dispositivos fueron comprados por Burgos Colón.
En la investigación laboraron los agentes Lenda Colón Rivera, del CIC Bayamón, Luis Torres Padilla del Precinto Bayamón Norte y José Ortiz Guzmán de Servicios Técnicos Bayamón, así como la agente Ignerí Negrón Rivera de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia.
