Incentivos del gobierno estarán limitados a la población que todavía no se ha vacunado

Los incentivos y premios que próximamente se anunciarán con el objetivo de adelantar el proceso de vacunación contra el Covid-19 estarán dirigidos únicamente a la población que aún no se ha inmunizado, detallaron el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Hacienda, Francisco Parés.

De esa forma, quedarían fuera las más de 1.8 millones de personas que en los pasados seis meses se han inoculado con alguna de las vacunas disponibles.

“Así es que se está haciendo fuera de Puerto Rico. Estamos proveyendo para poder ser creativos a la hora de dar incentivos, como dijimos, por ejemplo, boletos de lotería, boletos de rifa, entre otras cosas”, dijo el gobernador.

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Parés indicó que, dentro de dos semanas, se debería haber aprobado las guías de elegibilidad.

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“Queremos que sea un proceso voluntario de parte de aquellos que quieran competir” y se vacunen, dijo el secretario.

“Como lo tenemos delimitado, sería participar de los distintos premios que ofrece la Lotería Electrónica, obviamente todavía tenemos bajo evaluación de nuestro equipo de OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) y Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) y estamos listos”, añadió Parés.

Para el programa de incentivos de vacunación el gobierno separó unos $10 millones del American Relief Plan Act (ARPA), la ley de estímulo aprobada en marzo pasado y mediante la cual el gobierno de Puerto Rico tendrá acceso a $2,470 millones.

Hoy, el gobernador, Parés, y Omar Marrero, director ejecutivo de Aafaf, desglosaron la distribución de los primeros $520.5 millones provenientes del paquete de estímulo federal.

La distribución incluirá unos $200 millones para profesionales de la salud y otros trabajadores de primera respuesta que han trabajado durante la pandemia del Covid-19, que serían elegibles para recibir un cheque de $2,000 o más. De esos $200 millones, unos $20 millones estarán separados para el personal esencial del Departamento de Corrección y Rehabilitación y otros $20 millones que se repartirán entre personal de la Administración de Servicios Médicos, Hospital Universitario de Adultos, Hospital Universitario Pediátrico, Centro Cardiovascular y el Hospital Regional de Bayamón. En la rueda de prensa no se detallaron las distintas categorías que se beneficiarían y a cuánto ascenderían los respectivos incentivos.

Parés, quien señaló que hace un año cerca de 40,000 profesionales de la salud recibieron recibieron un primer incentivo, indicó que los pagos podrían comenzar a procesarse en algún momento de julio.

Los hospitales privados recibirían, en conjunto, $50 millones, los públicos, $25 millones y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, $5 millones.

Otros $100 millones, en tanto, se destinarían para el denominado Programa de Retorno al Empleo, cuya mitad se reserva para empleados de restaurantes y barras y la otra mitad para el sector agrícola.

Según Pierluisi, este incentivo únicamente podría ser dirigido a empleados reclutados prospectivamente, por lo que trabajadores que actualmente estén laborando en estos sectores no serán elegibles.

La idea es que estos “pagos especiales” igualmente ronden los $2,000 por empleado, aunque todavía no se han definido las guías.

“Podemos partir de la premisa de que habrá patronos que cerraron para siempre y esos empleados solicitaron desempleo. Todos sabemos que ese desempleo termina el 6 de septiembre de 2021”, dijo Marrero en alusión al beneficio de desempleo pandémico (PUA).

“Vamos a ver la necesidad, no solamente la actual, sino mayor de incentivar a ese empleado a que vuelva a trabajar”, añadió el jefe de Aafaf, quien indicó que el gobierno estudió el programa que implementó el estado de Arizona.

Fondos para la UPR

Una de las partidas significativas anunciadas en la tarde de hoy fue la de $94 millones para la Universidad de Puerto Rico (UPR), una cifra similar al recorte en que la Junta de Control Fiscal (JCF) ha insistido para la institución.

Pierluisi, quien públicamente se ha opuesto a que la JCF implemente recortes a la UPR adicionales a los $333 millones que ha ordenado por los pasados cuatro años, admitió que sus reclamos cayeron en “oídos sordos”.

Según el primer ejecutivo, la asignación de fondos ARPA provee a la UPR de un alto grado de flexibilidad en su utilización.

“Aquí se le está haciendo una asignación a la UPR para que pueda continuar proveyendo servicios gubernamentales. Eso, precisamente, es uno de los usos elegibles” para los fondos, indicó Marrero.

Además de los $2,470 millones asignados al gobierno central mediante ARPA, otros $1,550 millones están separados para los 78 municipios. El gobernador detalló que los municipios con más de 50,000 habitantes deberán gestionar los fondos directamente con el Departamento del Tesoro federal, mientras el resto lo haría a través del gobierno central.

Los fondos ARPA, se indicó, deben comprometerse (obligarse) antes del 31 de diciembre de 2024, mientras que el desembolso puede hacerse hasta el 2026.