Un tribunal de justicia de El Salvador condenó el viernes a diez años de prisión a la ex primera dama Ana Ligia de Saca por los delitos de lavado de dinero y activos y el Ministerio Público está exigiendo que regrese al Estado 17,6 millones de dólares.
Además, un tribunal impuso diez años de prisión a Oscar Edgardo Sol Mixco, hermano de la ex primera dama, mientras que a Milton Romero Avilés, ligado a las empresas de Saca, lo condenaron a siete años de cárcel, por los mismos delitos.
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Otras ocho personas procesadas por el mismo delito, entre ellos exempleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) durante el gobierno de Saca, fueron puestos en libertad.
El caso está ligado a actos de corrupción del gobierno del del expresidente Tony Saca (2004-2009), que ya fue juzgado y condenado por el desvío de más de 300 millones de dólares de las arcas públicas para favorecer a sus empresas y terceros.
“El fallo ha sido un éxito para la Fiscalía. Ha sido una condena de diez años para la señora Ana Ligia Mixco de Saca por el delito de lavado de dinero”, señaló el parte del Ministerio Público.
La Fiscalía informó que a la señora de Saca, que fue procesada en libertad, se le ordenó detención provisional “en virtud que su situación jurídica ha cambiado”. Pasaría a las bartolinas de la Policía Nacional Civil y luego a la cárcel de mujeres.
Según la Fiscalía, la lectura de la sentencia contra los imputados —que incluye los argumentos que respaldan la condena anunciada el viernes— se realizará el 21 de junio. La ex primera dama además recibió una condena por responsabilidad civil, pero los detalles al respecto serán establecidos el día de la lectura. En tanto, la Fiscalía ya ha pedido que la ex primera dama regresa al Estadio 17,6 millones de dólares.
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La ex primera dama había confesado su responsabilidad en el lavado de 25 millones de dólares de fondos públicos, pero se retractó luego de que el Ministerio Público le exigiera que regresara al Estado el monto ya señalado.
La señora de Saca fue procesada por los delitos de lavado de dinero y encubrimiento de una red que lavó 25 millones de dólares mediante la triangulación de fondos que salían de las arcas del Estado hacia particulares que los transferían a varias agencias de publicidad, que a su vez los remitían a empresas de comunicación de la familia del expresidente Saca.
El exmandatario de 56 años cumple una condena de diez años en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador, por el desvió de 300 millones de dólares de fondos públicos para favorecer a sus empresas y terceros. En septiembre de 2018 el expresidente pidió un proceso abreviado y después de confesar sus delitos, un tribunal lo sentenció por peculado, lavado de dinero y activos.
Cinco de sus viejos colaboradores también se declararon culpables durante el juicio para obtener una condena menor.
Saca, que gobernó el país de 2004 a 2009, fue detenido en septiembre de 2016 y es el tercer mandatario salvadoreño en ser procesado judicialmente por enriquecimiento ilícito o por desvío de recursos públicos durante su mandato. Los otros son Francisco Flores (1999-2004), quien murió de un derrame cerebral mientras estaba en arraigo familiar, y Mauricio Funes (2009-2014), que está asilado en Nicaragua.
