El Tribunal Supremo de Puerto Rico anunció hoy, mediante una Resolución emitida de manera unánime, la creación de una comisión especial que tendrá la encomienda de evaluar diversos aspectos relacionados a las notas de pase de los exámenes de reválidas de derecho general y notarial, entre otros asuntos relacionados. La Comisión será presidida por el Juez Asociado del Tribunal Supremo, Hon. Ángel Colón Pérez, y estará integrada por los siguientes miembros de la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría (Junta Examinadora): licenciada Diana Azizi de Arbona, licenciado Juan Marqués Díaz y licenciado Ricardo Ramírez Lugo.
Según indica la Resolución del Tribunal Supremo, el sistema de reválida administrado al presente es producto de estudios profundos que llevaron a la adopción de parámetros sicométricos. Por ello, el examen administrado por los pasados 35 años ha sido consistente a través del tiempo y ha mantenido un coeficiente de confiabilidad promedio de .91. También destacó que desde hace varios años el Poder Judicial ha tomado acciones puntuales enmarcadas en la discusión generada sobre la reválida de admisión a la abogacía, tras los cambios adoptados por la “American Bar Association” (ABA) a sus criterios de acreditación de las instituciones de educación jurídica y el posible incumplimiento de estos por parte de algunas de las facultades de Derecho de Puerto Rico. Además, la Junta Examinadora inició un proceso dirigido a evaluar la puntuación mínima requerida a los aspirantes para aprobar los exámenes de reválida. Actualmente, la puntuación mínima requerida a los aspirantes para aprobar los exámenes de admisión a la abogacía y la notaría es de 596 puntos ajustados.
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“La Junta Examinadora hizo constar ante este Tribunal la necesidad de evaluar información adicional para que esta Curia tuviera ante su consideración los elementos necesarios para determinar si la puntuación mínima para aprobar los exámenes de reválida debe ser modificada o mantenida”, indica la Resolución.
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Entre los aspectos que evaluará esta Comisión especial están el perfil de los egresados de las tres escuelas de derecho de Puerto Rico, los parámetros de reclutamiento y admisión utilizados por estas instituciones educativas, las medidas empleadas por estas escuelas durante los estudios conducentes al grado de Juris Doctor para evaluar el aprovechamiento académico de estos egresados, los cambios en los currículos académicos, los cursos obligatorios y electivos, y cualquier otra información que la comisión estime necesaria para completar su encomienda.
El Tribunal Supremo dispuso que durante este proceso las facultades de Derecho tendrán la oportunidad de suministrar toda aquella información que entiendan pueda ayudar a la Comisión a completar exitosamente su trabajo. Una vez se haya recopilado y analizado la información adicional, la Comisión presentará su informe al Tribunal Supremo. “Finalizado este proceso, este Tribunal estará en una mejor posición para realizar los cambios que estime necesarios, si alguno, con relación a la nota de pase de admisión a la abogacía y la notaría”, reza el documento.
