Ante el retraso en los trabajos de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), el representante Denis Márquez presentó hoy una medida que crearía un organismo alterno que se dedicaría exclusivamente a atender y adjudicar las objeciones que presenten empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) inconformes con la notificación de movilidad laboral que recibieron ante la entrada de Luma Energy.
El organismo, según la resolución conjunta presentada por el legislador independentista, estaría compuesto por tres integrantes, incluyendo uno designado por el gobernador Pedro Pierluisi, uno por el Colegio de Abogados y Abogadas y otro por la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la AEE.
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“Como hemos visto a través de los medios de comunicación y en las vistas públicas en la Cámara de Representantes, muchísimas de estas acciones de movilidad han sido mecanismos irresponsables, que han enviado a empleados a agencias de gobierno a oficinas inexistentes, a realizar funciones que no son acorde a su preparación y experiencia y, de igual forma, lejos de sus hogares y anteriores centros de trabajo”, enumeró Márquez, quien resumió como una “soberana chapucería” la forma en que la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (Oatrh) ha manejado las transferencias de sobre 4,000 empleados de la AEE.
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Márquez resaltó que sobre 2,000 empleados de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, así como 339 gerenciales de la AEE han tramitado o se encuentran en proceso de presentar apelaciones ante la CASP. Sin embargo, el representante subrayó que la CASP arrastra sobre 5,000 casos pendientes de adjudicación, incluyendo, aseguró uno que data de al menos 13 años.
“Lo que les espera a los empleados de la AEE, como les ha pasado a miles de empleados (públicos), es un calvario en la CASP”, indicó Márquez.
La Resolución Conjunta de la Cámara 157 busca crear la Comisión Especial de Revisión y Adjudicación de la Movilidad de Empleados de la AEE, con autoridad para revocar o confirmar las determinaciones que ha tomado la Oatrh.
El presidente del organismo, que sería la persona nombrada por el Colegio de Abogados y Abogadas, tendría la facultad de contratar oficiales examinadores o investigadores para atender casos particulares y acelerar el ritmo de trabajo. Se precisa que los miembros de la Comisión Especial tendrían el salario equivalente al de los jueces municipales, que es de $69,000 anuales.
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Las decisiones de la Comisión Especial, a la cual se le asignaría un presupuesto de $1 millón, se tomarían por mayoría, mientras que en caso de empate –de existir la inhibición de uno de los miembros– se declararía “ha lugar la solicitud del empleado como si hubiera obtenido la mayoría de votos”.
Aunque la resolución conjunta propone que los casos que ya se hayan sometido ante la CASP se transfieran automáticamente a la Comisión Especial, se especifica que nada en la medida “tendrá el efecto de paralizar ningún caso presentado ante el Tribunal General de Justicia como consecuencia de la movilidad”.
En aquellos casos en que la Comisión Especial tome una determinación adversa, el empleado podría recurrir al Tribunal de Primera Instancia para revisión dentro de 30 días. La resolución conjunta no le concede el derecho a la AEE o la Oatrh de apelar las decisiones ante un foro superior.
“Fui abogado laboral y participé en foros donde había este tipo de cuerpo colegiado con representación en el proceso de adjudicación de los empleados, Esto es un modelo que se ha utilizado en ocasiones anteriores en Puerto Rico”, sostuvo Márquez.
“A nosotros nos consta que hay gente que no radicó (recursos ante la CASP) porque no tenía ninguna esperanza en una comisión que, en su informe de transición, reconoció que tiene más de 5,000 casos atrasados”, aseguró el legislador.
Márquez señaló que hoy referiría copia de la medida a los portavoces de todas las delegaciones, a los que hizo un llamado a actuar acorde a las expresiones que, en mayor o menor medida, han hecho públicas, en el sentido de que la Legislatura debía implementar acciones correctivas sobre el atropellado proceso de movilidad de empleados de la AEE.
Según Márquez, la Ley 120-2018, que dio paso a la privatización de activos de la AEE, ordenaba que el gobierno preparara un plan de movilización y un programa de adiestramientos a los empleados, pero se incumplió con ambos mandatos.
En Oatrh “hicieron unas equivalencias, mirar el puesto que tiene el empleado vis a vis el nuevo plan de clasificación. Yo entiendo que los planes de clasificación que tenían que mirar y comparar eran los que tiene cada agencia. Peor tenían que ver los expedientes y analizar cada uno de los casos. La propia (Oatrh) habla de que tiene 11 criterios para movilidad. En vista pública reconocieron que no aplicaron por lo menos tres de esos criterios, y están en cuestionamiento otros de los criterios que utilizaron. Van desde la residencia de la persona, dónde trabaja y la preparación académica. Esto está generando ya muchísimos problemas en las agencias”, puntualizó Márquez, quien opinó que el mecanismo de movilidad se está usando como “castigo” para los trabajadores que no aceptaron contratar con Luma Energy.
Los datos de la Oatrh reflejan que, hasta el 20 de mayo, se había reubicado a 3,725 empleados de los 4,213 que estaban sujetos a transferencia. Entre los 488 restantes se cuentan los que renunciaron a sus plazas para pasar a Luma Energy, jubilarse o salir del gobierno.
