A solo dos días de que la Cámara de Representantes rechazara el nombramiento de Larry Seilhamer como secretario de Estado, y a Manuel Torres como contralor de Puerto Rico, el gobierno central retiró los destaques de unos seis empleados que realizaban labores en dicho cuerpo legislativo.
Metro Puerto Rico supo por fuentes que la administración del gobernador Pedro Pierluisi ordenó el retiro de estos seis empleados en destaque, cuyos salarios eran sufragados por el presupuesto de las agencias donde laboran en sus puestos de carrera. El martes pasado, la Cámara de Representantes —presidida por Rafael ’Tatito’ Hernández— colgó los nombramientos de Seilhamer y Torres durante una sesión legislativa.
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Estos empleados, quienes tendrán que regresar a sus labores, son José Delgado, quien estaba como director de finanzas de la Cámara y es empleado en el Departamento de Hacienda, al igual que Daisy García, directora de la oficina de la representante Estrella Martínez. Otra funcionaria que tendrá que regresar a la administración central, en el Departamento de Agricultura, es Angelys Rivera Pagán, quien fungía como asesora de asuntos legislativos del legislador Jorge Rivera.
Del Departamento de Vivienda estaba la secretaria de la representante Jocelyn Rodríguez, Bárbara Ortiz Molina, y para la misma agencia debe regresar Lemuel Cádiz, coordinador alterno de las comisiones que preside Luis Ortiz Lugo.
De la oficina del Sargento de Armas, se retiró el destaque de Wicardi Pérez Román, quien es empleada de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA).
El retiro de estos empleados podría afectar el presupuesto de la legislatura, del que Hernández había solicitado que no se le recortara unos $12 millones.
La lucha entre la Cámara y el poder ejecutivo se intensificó el pasado martes, cuando rechazaron ambos nombramientos. Aunque el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández había condicionado la confirmación de Seilhamer a cambio de aprobar una reforma electoral, el mismo fue rechazado luego de que Pierluisi no convirtiera en ley el Proyecto cameral 500, que le devolvía poderes a los cuerpos legislativos.
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Además, otra disputa surgió cuando el primer ejecutivo afirmó que no estaría presentando cambios al contrato con LUMA energy, al mismo tiempo que la Cámara baja buscaba la posibilidad de posponer la llegada de la empresa para enero.
Este medio solicitó una reacción de la oficina de la secretaria de la gobernación, Noelia García, a lo que indicaron que “estos movimientos responden a una necesidad de servicio en las agencias a las que pertenecen esos empleados. La herramienta de destaque responde a una necesidad temporera, no es permanente”.
Este medio cuestionó la razón del porqué solo se retiraron empleados en oficinas legislativas afiliadas al Partido Popular Democrático, o algunas administrativas de la presidencia cameral, a lo que respondieron que lo único que se toma en cuenta es “la necesidad de la agencia, sin mirar dónde estaba destacado. De hecho, en el caso de la Policía se continuarán cancelando destaques por necesidad y por Reforma Laboral, lamentablemente impactando las agencias receptoras que continuarán con esa necesidad”.
El presidente de la Cámara reaccionó sobre la movida de estos empleados a otro medio, El Nuevo Día, y catalogó la misma como una acción de revanchismo.