Sobre una centena de manifestantes, la mayoría de ellas mujeres, acudieron hoy, jueves, a la Calle Fortaleza para exigir la cancelación del contrato de LUMA Energy para administrar las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La protesta, convocada por mujeres del sector energético, comenzó a filo de las 4:00 de la tarde y en ella participaron tanto trabajadoras y miembros de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), como miembros de la Federación de Maestros y la Colectiva Feminista en Construcción.
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“El reclamo principal es que un gobernador, que no ganó con más del 40% de los votos, tiene que escuchar que el pueblo no quiere, que las mujeres no pueden sostenerse más con un proceso de privatización con el contrato de LUMA”, expresó Angélica Acosta, portavoz del sector solidario con las mujeres del sector energético.
“Si el gobernador no nos puede escuchar, tiene que renunciar porque no está representando los mejores intereses de las mujeres”, agregó durante una entrevista con Metro Puerto Rico.
Además de la cancelación del contrato, la protesta también se centró en el reclamo de la energía solar, el control de los embalses, el acceso al agua y a la energía, y en el enfoque de estos como uno de derechos humanos.
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La implementación del contrato con LUMA Energy comenzaría a partir del 1 de junio de este año y en las pasadas semanas se ha continuado con el proceso de transferir a los empleados de la AEE a otras dependencias gubernamentales.
El mes pasado, el Senado aprobó una resolución que aplazaría que el contrato entre en vigor hasta enero del 2022, pero el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia vetó la medida y reiteró su apoyo al cambio de administración.
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“Entiendo que no existe causa justificada para posponer la ejecución del contrato de Luma a enero de 2022 o alguna fecha posterior, ya que todos los requisitos para dar comienzo a dicha ejecución se han cumplido o se espera que se cumplan en o antes del 1 de junio de 2021”, expresó cuando anunció su veto.
El encuentro contó con la presencia del presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, quien aseguró que el peso de la implementación del contrato está sobre los hombros de los senadores del Partido Nuevo Progresista para irse sobre el veto del gobernador.
“Ahora le toca a los legisladores del PNP ir por el encima del veto”, dijo el líder sindical a este medio.
“Los legisladores que le den la espalda al pueblo serán cómplices de esa irresponsabilidad del gobernador”, sentenció.
