Por muchos años, las Empresas Picú fueron un exitoso concepto de desarrollo avícola en Coamo, que generó miles de empleos directos e indirectos, ofreciendo además a los consumidores productos de gran calidad a precios competitivos.
A pesar del cierre de la empresa por diversas razones económicas y de competitividad, dicha industria aún puede ser una alternativa de desarrollo. En los años 80, la industria avícola era sólida y aportaba al producto agrícola de Puerto Rico unos 120 millones de dólares al año, generando 3,000 empleos y produciendo aproximadamente 100 millones de libras de pollo anualmente, se informó este domingo en un parte de prensa.
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Ante dicha realidad, los representantes Orlando José Aponte Rosario (distrito 26 de Barranquitas, Coamo, Orocovis y Villalba) y Estrella Martínez Soto (distrito 27 de Aibonito, Coamo, Juana Díaz, Salinas y Santa Isabel), radicaron la Resolución de la Cámara 395, para ordenar a la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de la Región Sur Central una investigación sobre el estado y condición de las facilidades de lo que fuera Empresas Picú, localizadas en la PR-14, kilómetro 37.3 de Coamo, a los fines de auscultar la posibilidad de desarrollar el área.
“Tenemos una realidad y es que la actividad económica en Puerto Rico se ha reducido en 6 por ciento el pasado año, según datos oficiales del Banco de Desarrollo Económico, y nuestra misión como legisladores es promover alternativas viables”, detalló Aponte Rosario, quien preside la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.
Por su parte, Martínez Soto señaló que “en la actualidad dichas instalaciones se encuentran en total abandono y deterioro acelerado, pero estamos confiados en que podremos generar alternativas de creación de empleos. El mercado para este tipo de producción agrícola está disponible”.
La medida dispone además que la Comisión deberá identificar diferentes locales e infraestructura adecuada con potencial para desarrollar, crear empresas, negocios y diferentes actividades que promuevan la economía. La entidad deberá presentar en o antes de 90 días, un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
