Investigan cumplimiento del gobierno con leyes que protegen comunidad sorda

La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado, que preside la senadora Rosamar Trujillo, realizó hoy una vista pública con intérprete de señas sobre el cumplimiento del Estado con las leyes que protegen a la comunidad sorda en Puerto Rico.

“Esta vista es para darle seguimiento a los trabajos ya iniciados. Esperamos que las entidades que participen en el día de hoy sean de colaboración y ayuda para los trabajos investigativos ante esta comisión, conscientes de la importancia de los servicios y del cumplimiento de la ley relacionados con la población de diversidad funcional, particularmente en el sector de la población audio impedida”, expresó la senadora.

Asimismo, Trujillo manifestó que “esta población en los pasados meses ha incrementado sus reclamos y enfrentado múltiples obstáculos y limitaciones para poder recibir los servicios y atenciones adecuados por parte del Estado, frente a sus condiciones de vida y sus derechos como parte de la sociedad puertorriqueña”, enfatizó la también senadora del distrito de Humacao.

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En la vista pública el Instituto de Estadísticas admitió que no existe un registro oficial y exhaustivo, en el cual los intérpretes de lenguaje de señas tengan el deber y obligación de consignar sus datos, responsabilidades, certificaciones, educación continua, entre otros. “Al no existir un registro imperativo legal, es sumamente difícil poder obtener datos certeros”, recalcó el director ejecutivo del Instituto, Dr. Orville M. Disdier Flores.

De paso, Disdier Flores recomendó se obligue a la recopilación de datos por medio de ley. “Sugerimos que se establezca por ley una base centralizada (o registro oficial obligatorio) de información sobre el tema que nos ocupa, bajo la custodia de la Defensoría de Personas con Impedimento. Esto permitiría recopilar datos estadísticos y tener la información actualizada para beneficio de gobierno y del sector privado en un área apremiante de servicios para la comunidad”, dijo.

“La ley está aquí no está muerta, nosotros la matamos con la inacción”, ripostó por su parte la senadora Trujillo Plumey.

De manera similar se expresó su homólogo, Ramón Ruiz Nieves quien condenó el que no se tengan estadísticas y se pida más legislación. “En Puerto Rico existen siete (7) leyes sobre este particular. De qué vale hacer más leyes sino tenemos las estadísticas”, señaló el senador, al tiempo que anunció que tanto él como el senador Juan Zaragoza radicaron ayer un proyecto de ley para que las licencias de conducir de estas personas tengan un distintivo que le indique a un oficial de la policía que está interviniendo con una persona audio impedida.

“El propósito es que el oficial (de la policía) si carece del conocimiento del lenguaje de señas pueda buscar una persona para que lo asista, porque la intención no es violentar derechos, es el factor de ser facilitador y tener los interpretes necesarios, que es lo que envuelve las siete leyes existentes”, explicó el legislador.

Por su parte, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), aseguró que el Poder Judicial cuenta con procedimientos y normas dirigidos a garantizar la prestación de un servicio público efectivo a la población con dificultades auditivas.

“Como parte de ello, se mantienen contratos con interpretes de señas para que estén disponibles a brindar su servicio en los tribunales y las dependencias que lo integran. Los interpretes de lenguaje de señas o labio lectura se pueden solicitar y utilizar por las partes en todas las etapas de los procesos judiciales”, indicó la Lcda. Mónica Hernández Jiménez, quien asistió en representación de la OAT.

Otro tema que abordó la OAT fue la de la joven madre sorda, Janet Viera Grau, que se suicidó luego de que sus hijos fueran removidos de su hogar y quien su familia alega el gobierno no le ofreció la ayuda necesaria dado su impedimento.

“La joven no estuvo presente en el tribunal en ninguno de los procesos que se dieron”, dijo Mónica Hernández Jiménez en representación de la administración de los tribunales, aunque admitió el tribunal advino en conocimiento de la condición de esta. Esto ante preguntas de la senadora Ana Irma Rivera Lassen autora de la Resolución del Senado 70 relacionado al este caso.

Mientras, el Departamento de Educación (DE), a preguntas de la senadora Trujillo Plumey, indicó que cuentan con una matrícula de 476 estudiantes con discapacidad auditiva, aunque no pudieron precisar cuantos de estos son varones y cuantas son niñas.

Asimismo, informaron que el DE por medio de la Secretaría Asociada de Educación Especial (SAEE) provee servicios de intérpretes a los estudiantes con retos auditivos. “De igual manera el Departamento se encuentra en el proceso de diseñar el currículo de lenguaje de señas desde el nivel elemental hasta el nivel superior”, acotó el Lcdo. Yamil Vázquez quien estuvo en representación de Eliezer Ramos Pares, Secretario Interino de la agencia.

Otra agencia convocada a participar de la vista publica lo fue el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

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