La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Yashira Lebrón Rodríguez informó el lunes, de la radicación de una resolución para ordenar al Departamento de la Familia, así como al Instituto de Estadísticas y el Negociado de la Policía a que provean estadísticas detalladas sobre la incidencia de maltrato infantil y explotación infantil en la Isla desde marzo de 2020, mes que comenzó el cierre y toque de queda por motivos del COVID-19, hasta el 30 de abril.
La Resolución Conjunta de la Cámara 120 también requiere a las antes mencionadas dependencias brindar a la Legislatura un plan de acción para atender y combatir el maltrato y explotación infantil en Puerto Rico.
“La pandemia por COVID-19 está teniendo un efecto devastador en todo el mundo. Los esfuerzos por contener el coronavirus son de vital importancia para la salud de la población mundial, pero también hacen que los niños sean más vulnerables al riesgo de sufrir casos de violencia, en especial maltrato, violencia por motivo de género y explotación sexual. El norte de esta medida es averiguar, con lujo de detalles, los casos de maltrato de niños durante el periodo de toque de queda”, expresó la representante por el Distrito 8 de Bayamón en comunicación escrita.
Sostuvo que las querellas federales por explotación infantil en Puerto Rico aumentaron en al menos 28 por ciento en el 2020, año en el que los menores de edad estuvieron más expuestos a los depredadores sexuales por un mayor uso de dispositivos conectados al Internet durante el encierro causado por la emergencia del COVID-19. También, en lo que va del 2021, el Departamento de la Familia ha recibido para investigación 3,727 referidos de maltrato infantil, lo que representa un alza de 658 denuncias en comparación con el mismo período el año pasado.
Según explicó Lebrón Rodríguez, una tercera parte de la población mundial se encuentra confinada con motivo de la COVID-19, y el cierre de las escuelas ha afectado a más de 1.500 millones de niños. Con las restricciones al movimiento, la pérdida de ingresos, el aislamiento, el hacinamiento y los elevados niveles de estrés y ansiedad, también están aumentando las probabilidades de que los niños presencian o padezcan situaciones de abusos físicos, psicológicos y sexuales en el hogar, especialmente los niños que ya viven en contextos familiares disfuncionales o violentos. Y las comunidades en línea, si bien se han convertido en instrumentos esenciales para ofrecer apoyo a muchos niños y permitir que continúen aprendiendo y jugando, también hacen que los niños estén más expuestos a la amenaza del ciberacoso y la explotación sexual y al peligro de adoptar conductas en línea arriesgadas.
“El gobierno desempeña un papel fundamental en combatir y prevenir el maltrato y la explotación infantil, velando por que los planes de prevención y respuesta en torno a la COVID-19 incluyan medidas adecuadas a cada edad y sensibles a las necesidades de los géneros, para proteger a todos los niños frente a la violencia, el abandono y el maltrato. Los servicios de protección de la infancia y los trabajadores que prestan esos servicios deben ser considerados como esenciales, y se deberán dotar para ellos los recursos correspondientes”, concluyó.