Supremo ordena mantener confidenciales grabaciones de los reclamos de auxilio de Andrea Ruiz

La decisión, por margen de 5-3, ignora los pedidos de organizaciones periodísticas y la propia familia de la víctima

Por Manuel Guillama Capella

El Tribunal Supremo denegó hoy la solicitud del Overseas Press Club (OPC) para que se hicieran públicas las grabaciones audiovisuales de las vistas celebradas contra Miguel Ocasio Santiago, el hombre que confesó haber asesinado a Andrea Cristina Ruiz Costas apenas un mes después de que el Tribunal de Caguas desestimara las denuncias que la mujer de 35 años había presentado en su contra.

Mediante una decisión 5-3, el Alto Foro determinó que no procedía el recurso presentado ayer por la organización periodística tras la conmoción que ha causado el hecho de que los tribunales denegaran los pedidos de auxilio que Ruiz Costas llevó ante su consideración, ante el acoso del que era víctima por parte de Ocasio Santiago luego de que concluyera su relación de pareja.

Los jueces asociados Erick Kolthoff Caraballo, Mildred Pabón Charneco, Roberto Feliberti Cintrón, Edgardo Rivera García y Rafael Martínez Torres se opusieron al pedido de la OPC, mientras la jueza presidenta, Maite Oronoz, y los asociados Luis Estrella y Ángel Colón Pérez se expresaron a favor de la divulgación.

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“En la balanza de intereses presentes en esta solicitud de información, el mandato de ley para salvaguardar la confidencialidad de los procesos, como protección para las víctimas de violencia doméstica, pesa más que el interés de la prensa de tener acceso a información confidencial. También consideramos en nuestro análisis que está pendiente un proceso penal relacionado y la solicitud de información sin que el imputado sea parte podría incidir sobre su derecho a un proceso imparcial y justo. Ese caso no está ante nosotros y, por eso, el procedimiento utilizado no es el adecuado para obtener la información que se solicita”, lee parte de la resolución del Supremo.

“El interés legítimo de conocer lo que pueda haber acontecido en un caso no puede ir sobre la garantía de confidencialidad del Art. 5.005 (de la Ley 54 de Violencia Doméstica), supra, que protege a todas las víctimas futuras de violencia doméstica. No podemos desobedecer la ley y crear un precedente que sirva para desalentar y cohibir a las víctimas de violencia doméstica que buscan protección en nuestros tribunales”, añadió la mayoría de foro judicial.

Oronoz, en su voto disidente, opinó que, tras escuchar a la familia de Ruiz Costas favorecer la divulgación, habría optado por hacerles entrega de las grabaciones “para que tenga la oportunidad de escucharlas antes y, si lo estiman necesario, alerte sobre cualquier objeción de su contenido, y luego al País”. Estrella Martínez, en tanto, señaló que hubiera concedido el recurso solicitado por la OPC, mientras Colón Pérez censuró que el pleno ni siquiera hubiera revisado el expediente judicial y el contenido de las grabaciones.

El OPC había adelantado que solicitaría una reconsideración al Tribunal Supremo en caso de recibir un dictamen adverso.

“El caso de marras ha sido de alta exposición pública, tanta que muy poco puede restar sobre confidencialidad. Hasta el perpetrador del delito confesó. La misma víctima realizó grabaciones de su impresión sobre lo ocurrido ante la Rama Judicial, las cuales ya han sido diseminadas al público. Existe una infinidad de especulaciones de lo ocurrido, pero la mejor prueba para determinar lo que realmente ocurrió está en poder de la propia Rama Judicial. Mantener las grabaciones de forma confidencial lacera la confianza que tiene el Pueblo en tan importante institución, e impide que las alegaciones hechas por la propia víctima puedan ser corroboradas o rebatidas”, había argumentado el OPC en la solicitud especial ante el Tribunal Supremo.

Cuando el 26 de marzo la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez ordenó la desestimación de las imputaciones contra Ocasio Santiago, ya Ruiz Costas había enfrentado el día previo otra decisión adversa, luego de que la magistrada Sonya Nieves Cordero no expidiera una orden de protección, sino que citara a una vista para el 31 de marzo.

El cuerpo de Ruiz Costas fue hallado parcialmente calcinado el pasado jueves en un paraje solitario del barrio Guavate, en Cayey. Según ha informado la Policía, Ocasio Santiago la mató con un arma cortante en el hogar de la víctima y luego intentó deshacerse del cuerpo mediante la quema.

El pasado martes, Telemundo reveló un mensaje de voz que Ruiz Costas habría enviado a una amiga, expresando su frustración luego de sus fallidos intentos por obtener protección en los tribunales.

“Esperanzada sabiendo que ellos son los que tienen experiencia en estos casos y las cosas que pasan, pero la jueza, la que me tocó de jueza por la noche, ella estaba ‘encabroná’ por la hora que se había comenzado a radicar el caso, y el agente le dijo, ‘mire, ella llegó aquí a las 3:00, más fiscalía, entre aquí, entre que llegaron acusados, entrevistarlo, conseguirla a usted’, y yo creo que de verdad ella dio no causa porque estaba ya ‘hastiá’. Ella estaba pelando con nosotros por la videollamada”, relató Ruiz Costas en referencia a la vista del 26 de marzo que presidió la jueza Alvarado Rodríguez.

La semana pasada, la jueza presidenta Oronoz ordenó una investigación sobre los procesos que se siguieron ante las denuncias de Ruiz Costas y reasignó a los magistrados encargados de atender casos de violencia de género en la región de Caguas. Sin embargo, el juez administrador del Tribunal de Caguas, Ricardo Marrero, emitió paralelamente una orden protectora que prohibió al Departamento de Justicia divulgar el contenido de las grabaciones de las vistas del 25, 26 y 31 de marzo.

Esa orden es, precisamente el dictamen que el OPC aún pretende revertir en el Tribunal Supremo, en momentos en que la familia de Ruiz Costas ha apoyado que las grabaciones de los procesos se hagan públicos.

El gobernador Pedro Pierluisi admitió esta semana que “el Estado le falló” a Ruiz Costas y le ordenó al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, asignar fiscales que acudan a las vistas de regla 6 en todos los casos de presunta violación a la Ley 54 de Violencia Doméstica.

Las leyes y reglamentos vigentes no obligan al Departamento de Justicia a enviar fiscales para estas vistas, por lo que víctimas como Ruiz Costas frecuentemente se enfrentan a esta etapa del proceso sin asistencia de un perito en materia legal.

Aunque ha señalado que acatará el mandato del gobernador, Emanuelli colocó el peso de la responsabilidad por el desenlace del caso de Ruiz Costas sobre la rama judicial, al insistir que no comprende cómo las juezas Alvarado Rodríguez y Nieves Cordero favorecieron al imputado en los procedimientos.

Las mujeres asesinadas en lo que va del año son:

  • Angie Noemi González Santos
  • Jeanette RodríguezRamos
  • Rosita Alicea Delgado
  • Luz Vélez Santiago
  • Andrea Ruiz Costas
  • Keishla Rodríguez Ortiz
  • Samuel Edmund Valentín(hombretrans)

Si usted está en una relación de violencia o se siente amenazada, busque ayuda en el 787-722-2977 o buscar entre estas opciones de apoyo: AQUÍ

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