La Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante Orlando Aponte Rosario, atendió el jueves, una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 577, que busca establecer las normas y los requisitos para realizar acuerdos de subrogación gestacional en Puerto Rico.
La medida presentada por el representante Ángel Matos García busca disponer sobre los derechos y responsabilidades de las partes involucradas en el proceso de subrogación; establecer el procedimiento judicial requerido, las órdenes judiciales a solicitar previo al nacimiento, filiación y disposiciones para inscripción en el Certificado de Nacimiento.
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La gestión legislativa se da tras la aprobación de un nuevo Código Civil el pasado 1 de junio de 2020, que reconoce a través del artículo 76, que el cuerpo humano puede ser objeto de contratación privada para llevar a cabo la maternidad subrogada. Sin embargo, según la exposición de motivos de la medida camera, el Código no contiene las disposiciones correspondientes para regular los aspectos sobre el proceso de procreación asistida.
Según la licenciada Linette Sánchez, abogada experta en derechos reproductivos y litigante en casos sobre maternidad subrogada “la medida ayuda a realizar un proceso planificado, organizado y con tiempo”. La jurista, quien participó de manera independiente en la vista pública, presentó varias enmiendas nutridas por sus 20 años de experiencia en la práctica de este tipo de casos en Estados Unidos y Puerto Rico.
Las sugerencias de Sánchez, quien avala la medida con enmiendas, propone eliminar del Proyecto la creación de un reglamento y el registro para duplicar la información del Registro Demográfico y Estadísticas Vitales adscritos al Departamento de Salud. También, incluir en el Proyecto poderes tutelares a los padres intencionales para que puedan tomar las decisiones sobre su bebé desde el momento que nace.
Por otro lado, la discusión recibió la reflexión de Víctor Ramos Otero, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. “Este proyecto define las relaciones de las partes involucradas y los procesos judiciales, con el fin de proteger los menores, subrogadas y padres intencionales en los casos de subrogacía en Puerto Rico”.
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El galeno, quien endosó el proyecto con enmiendas, entiende que la legislación “protege el mejor bienestar de los menores nacidos por estas técnicas de reproducción asistida, respeta la realidad de las guías de las mejores prácticas de la medicina moderna, disipa incertidumbres sobre la paternidad y maternidad de los pacientes y es afín a la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre inclusión y apoyo a las familias”.
Por otro lado, Ramos Otero, también suscribió la enmienda de la licenciada Sánchez que sugiere la eliminación de la creación de un nuevo reglamento. Según el presidente del Colegio, se debe reconocer las guías de cuidado que establecen las organizaciones que regulan la práctica de la medicina reproductiva en Estados Unidos y sus jurisdicciones. “Agencias federales como la Administración de Drogas y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, y el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, emiten instrucciones constantes de los mismos aspectos que se pretende regular por reglamento”, detalló.
Los representantes, también recogieron la opinión y endoso sobre la medida del doctor Nabal J. Bracero, especialista en Ginecología, Obstetricia y Endocrinología Reproductiva e Infertilidad. “Nuestras recomendaciones se basan en las regulaciones federales que proveen para el manejo, control y disposición de células, tejidos y embriones humanos, vigentes desde el 25 de mayo de 2005”. El ginecólogo, quien es presidente del Puerto Rico Obstetrics and Gynecology, Inc. (PROGyn), recomendó que se incluya en el Proyecto “un lenguaje inclusivo de acceso a los servicios de salud reproductiva”.
Finalmente, Bracero entendió que es razonable crear una ley que “defina la maternidad y paternidad de los menores antes de nacimiento para que cuando se verifique el parto, el menor ya tenga asignada su identidad y todos los derechos que los hijos tienen con respecto a sus padres”.
El Proyecto también recibió apoyo con recomendaciones del Departamento de Justicia, Departamento de la Familia, Departamento de Salud y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).
