La Rama Judicial no quiso confirmar ni negar que haya asignado protección especial a las juezas que atendieron las denuncias presentadas por Andrea Cristina Ruiz Costas contra el hombre que, un mes después, confesaría su asesinato.
La jueza Sonya Nieves Cordero atendió la solicitud de una orden de protección el 25 de marzo, pero se reservó su decisión hasta luego de una vista que citó para el 31 de ese mes. El 26 de marzo, la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, también del Tribunal de Caguas, no encontró causa para arresto contra Miguel Ocasio Santiago, luego de las denuncias de acoso que presentó Ruiz Costas.
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Tras el dictamen de Alvarado Rodríguez, la víctima desistió también del proceso mediante el cual buscaba la orden de protección.
“Por motivos de seguridad, no podemos confirmar ni negar dicha información. Pero el Poder Judicial rechaza enérgicamente todo tipo de actuación o expresión que atente contra la integridad física de sus funcionarios y funcionarias. Cualquier amenaza en contra de las juezas o el personal del tribunal será referida a las autoridades de seguridad pública para las acciones que correspondan, además de tomar cualquier medida interna que corresponda”, subrayó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales, tras este medio cuestionar si, en efecto, las magistradas habían recibido protección, a la luz de denuncias que se han publicado en las redes sociales.
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Tras el asesinato de Ruiz Costas, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, separó a Nieves Cordero y Alvarado Rodríguez de sus funciones en las salas que atienden las denuncias por violencia de género, desatando un debate sobre si con el mandato atenta contra la independencia judicial.
De otra parte, el Tribunal Supremo tiene desde ayer ante su consideración una solicitud de parte del Overseas Press Club para que se divulgue el contenido de las grabaciones de las vistas en que participó Ruiz Costas y se desestimaron sus denuncias.
