A poco más de un mes que el consorcio energético LUMA Energy asuma el control de la red eléctrica del país, diversos legisladores reiteraron sus dudas en torno al acuerdo con dicha empresa.
Tras una vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, el representante popular Luis Raúl Torres aseguró sentirse insatisfecho ante las respuestas del designado secretario del Departamento de Estado, Larry Seilhamer, en torno a la posibilidad de hacer enmiendas al acuerdo con la empresa energética.
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“Nos quedamos en el mismo lugar donde estábamos. No sabemos si el gobernador tiene la apertura, porque yo esperaba que usted que es el segundo luego del gobernador y estando a cargo de ese comité [Timón] viniera aquí a decirnos que el gobernador va a sentarse con quien sea: con la Asamblea Legislativa, con la gente que ha dado ideas o con el Comité Timón a evaluar estas ideas y ver cuáles son las posibilidades y cuáles no. Ni eso sabemos”, dijo Torres durante los últimos minutos de la vista pública.
Seilhamer también dirige el Comité Timón creado por el gobernador Pedro Pierluisi para evaluar el contrato con el consorcio energético el cual se espera que comience a administrar el sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica el próximo 1 de junio.
“Estamos en el mismo lugar. Ustedes insisten en empujar el contrato tal y como está regalándole $1,500 millones a LUMA y el control del sistema eléctrico de Puerto Rico a una compañía privada”, añadió el legislador.
Durante la vista, Torres cuestionó en varias ocasiones a Seilhamer sobre si el gobernador estaría dispuesto a realizar enmiendas al contrato, pero el funcionario aseguró que no podían enmendar el acuerdo de forma unilateral.
Torres, por su parte, mencionó que la gran mayoría de las organizaciones que han depuesto ante la Comisión han mencionado la necesidad de enmendar, renegociar o cancelar el acuerdo ya que resulta oneroso para el país. Indicó que entre estas organizaciones está el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, Colegio de Abogados y Abogadas, Asociación de Industriales y el Centro para la Nueva Economía.
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Seilhamer tampoco quiso opinar sobre si alguna de las enmiendas que se proponen podría contar con su respaldo.
Durante la vista, el presidente cameral, Rafael ’Tatito’ Hernández, insistió en que el gobernador debe estar abierto a evaluar los reclamos para que se enmiende o renegocie el contrato. Ayer, el líder legislativo confirmó que condicionó la confirmación de Manuel Torres como Contralor a que el mandatario posponga por seis meses el contrato con LUMA Energy. Hernández también condicionó una futura emisión de bonos a que se revise el contrato. “Si no llegamos a un acuerdo no hay emisión”, dijo el líder legislativo.
El nombramiento de Seilhamer, según comentó ayer Hernández, también está supeditado a que se enmiende la Reforma Electoral.
Cuestionan reserva de $800 millones para LUMA
Asimismo, Torres cuestionó en repetidas instancias a Seilhamer en torno a una reserva de poco más de $800 millones que el gobierno central deberá establecer para financiar el contrato con LUMA Energy.
Según Seilhamer, dicha cifra fue solicitada por la Junta de Control Fiscal (JCF) para asegurar el servicio de energía eléctrica en caso de una emergencia económica. “Es una medida de sana administración”, justificó Seilhamer, quien comentó que unos $750 millones provendrán del Fondo General y otros $200 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Sin embargo, a preguntas de Torres, el funcionario no pudo precisar a qué agencias se les restó de sus presupuestos para financiar dicha reserva.
“Me parece que es desvestir un santo para vestir otro”, dijo Torres.
Levanta bandera sobre subcontratación de empresas matrices
El legislador del Partido Popular Democrático (PPD) también cuestionó a Seilhamer sobre si este conocía que Wayne Stensby, presidente de LUMA Energy, figura como accionista en la empresa ATCO, una de las empresas que conforma el consorcio energético.
Torres objetó que Stensby cuestionó si dicha dualidad de funciones podría provocar un conflicto de interés en momentos en que LUMA subcontrate a empleados de ATCO o de Quanta. Esta última es la segunda empresa que completa el consorcio energético de LUMA Energy.
Seilhamer, por su parte, aseguró que las subcontrataciones deberán regirse por regulaciones federales ya que se trata de fondos federales de reconstrucción dirigidos a la isla tras el huracán María. No obstante, el exsenador no pudo precisar si el contrato prohíbe que LUMA Energy subcontrate a una de las empresas matrices.
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