La exgobernadora Wanda Vázquez Garced reaccionó hoy al referido que le hizo la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI)a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por posibles violaciones a la Ley de Ética en medio del manejo de la entrega de suministros en el sur tras los terremotos y por el despido de la exsecretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar.
Vázquez Garced aseguró que la resolución del FEI proviene de una “investigación a la que fui viciosamente referida“, y dijo sentirse frustrada por “el deseo de unos pocos de continuar difamándome y tratando de hacerme daño con información falsa y tergiversada, pretendiendo que la verdad no sea defensa”.
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“Es totalmente incorrecto y falso lo expresado en algunos programas y comentaristas cuando ayer reportaron que la Lcda. Wandymar Burgos había escaneado en su celular el informe de mi referido al FEI y me lo había enviado a mi. Advertimos que esa información es totalmente falsa y difamatoria. Así mismo se estableció en la vista del día de ayer en el Tribunal. Reitero que nadie me envió, ni recibí ni gestioné copia del informe del Departamento de Justicia al FEI. Tuve conocimiento del contenido del mismo, como todo el pueblo de Puerto Rico, cuando salió publicado el 21 de julio de 2020″, alegó la exgobernadora en declaraciones escritas.
A Burgos también se le refirió a Ética y se le encontró causa probable para arresto y se le impuso un fianza de $15 mil. Según la pesquisa, Burgos habría detenido la entrega de los referidos que imputaban posible conducta delictiva contra la exgobernadora.
Vázquez Garced concluyó asegurando que “esta vez también quedará demostrado que en ningún momento actúe indebidamente ni falté a la ética en mis funciones como Gobernadora” y que estas serían sus únicas expresiones sobre el particular.
En el caso de Vázquez, el Departamento de Justicia recomendó investigar si incurrió en violaciones al Código Anticorrupción al despedir a la exsecretaria de la Familia en medio de la emergencia por los terremotos de enero de 2020. Este sería el primer caso en el que se radicarían cargos bajo el Código Anticorrupción que se convirtió en ley bajo la administración de Ricardo Rosselló, cuando Vázquez Garced era secretaria de Justicia y avaló la medida.
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