Locales

Legisladores PNP piden a Municipio de Toa Alta que cierre vertedero 'inmediatamente'

Aseguraron que ayudarán a las comunidades a acudir a los tribunales para imponer el cierre

Liderato PNP en la Cámara Dennis A. Jones

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El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, junto al representante, Yazzer Morales Díaz y los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló y José Aponte Hernández, solicitaron al municipio de Toa Alta cumplir con la orden de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, la cual exige el cierre del vertedero de dicho municipio.

Los legisladores novoprogresistas también adelantaron que estarán visitando los predios del vertedero junto a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, para determinar acciones futuras y solicitaron al Departamento de Salud un estudio de incidencia de cáncer en los residentes de las comunidades adyacentes a dicha facilidad.

Los reclamos se dieron durante una extensa reunión para discutir el tema en la cual participaron, además, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo Maldonado, la directora de la EPA para el Caribe, Carmen Guerrero Pérez, así como personal del departamento de Salud y la oficina de la Comisionada Residente.

Además dijeron que ayudarán a las comunidades a acudir a los tribunales para imponer el cierre.

“Existe una realidad, es que desde el 2017 la EPA ha solicitado el cierre del vertedero de Toa Alta, cuyo dueño es el municipio, por múltiples violaciones de leyes ambientales, entre otras. El Municipio no ha cumplido con dicha orden. Nuestro llamado es a un cese y desista; que el municipio acate la orden de la EPA, agencia que ante el masivo incumplimiento tuvo que recurrir a demandar a la administración municipal en el Tribunal Federal Distrito de San Juan. No se puede colocar la vida y seguridad de los residentes de Toa Alta en riesgo, se tiene que cerrar el vertedero”, comentó Méndez Núñez.

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“Lo que busco es que el proceso se agilice, que se cierre para que no continúe el daño a las comunidades. El vertedero genera sobre 80 millones de galones de lixiviados al año, y como el sistema de canalización no funciona, eso amenaza la salud de las comunidades cercanas a la facilidad. En adición, existe el riesgo de deslizamiento de terreno en el vertedero ante un posible impacto sísmico. Esto, sin decir nada que por debajo existen varios pozos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que podrían contaminarse. El cese tiene que hacerse ya”, dijo Morales Díaz.

“También es imperativo que se notifique a los municipios que en estos momentos siguen usando el vertedero de Toa Alta para descargar sus desperdicios sólidos, como Dorado y Comerío, que detenga esa práctica porque va contra la EPA. Vamos a pedir al Secretario del DRNA que venga con nosotros a ver las comuniades para juntos agilizar el cumplimiento”, agregó el legislador.

El pasado 25 de febrero, el Departamento de Justicia federal demandó, a nombre de la EPA, al municipio de Toa Alta por continuar operaciones en dicho vertedero, a pesar de que por años la mencionada facilidad no se encuentra apta para recibir desperdicios sólidos.

En abril de 2017 la EPA ordenó el cierre del SRS de Toa Alta por serias violaciones de ley.

El vertedero tuvo, en ese momento (2017) graves problemas con el sistema de recogida de lixiviados. El lixiviado es un líquido que se ha filtrado o se ha generado por descomposición de basura. Además, el vertedero de Toa Alta se encuentra localizado en la parte superior del sistema acuífero de la costa norte de Puerto Rico, con un potencial abasto de agua potable.

De acuerdo a la EPA (2021), el vertedero continúa teniendo un grave problema con grandes cantidades de lixiviados -agua mezclada con nocivos contaminantes que se filtran del relleno sanitario- filtrándose a las comunidades adyacentes, entre otras fallas.

En febrero, el Departamento de Justicia federal ordenó al municipio de Toa Alta a detener el enviar basura a su vertedero por operar en violación a múltiples leyes federales y estatales sobre el manejo de desperdicios sólidos.

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