El representante Ángel Fourquet Cordero, realizó el martes, la primera vista pública sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 13 que ordena al Gobierno de Puerto Rico y a sus agencias gubernamentales, dentro de un término de 90 días; a tomar medidas inmediatas para resolver las condiciones actuales de la infraestructura, educación, salud, economía y la seguridad pública del Distrito Representativo 21, que comprende los municipios de Yauco, Guánica, Lajas, Maricao, Sabana Grande, Guayanilla, Peñuelas y Ponce.
La medida dispone, “que ante los daños ocasionados a los pueblos que componen el Distrito 21 por el paso de los huracanes Irma y María, la actual secuencia sísmica que afecta esta área y la pandemia del COVID-19, la Asamblea Legislativa y el Gobierno Federal han asignado a las agencias del Gobierno fondos para el manejo de estas emergencias, pero la inacción gubernamental no ha logrado que la reconstrucción de estas áreas comience’’.
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“La Cámara de Representantes entiende meritorio ordenar al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a sus agencias gubernamentales analizar las condiciones de las mismas y tomar medidas urgentes para solucionar las situaciones que están confrontando los residentes de estos pueblos por motivo de los fenómenos naturales que han abatido en los últimos años la zona suroeste del país; y que se desembolse inmediatamente los fondos estatales y federales asignados para atender dichos desastres’’, expresó la representante Lydia Méndez Silva, autora de la medida mediante comunicación escrita.
El secretario de Estado, Larry Seilhamer indicó que avala la Resolución y comentó que es ‘’una medida loable y necesaria’’.
‘’No tenemos reparos a la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 13, toda vez que la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico es la prioridad más apremiante del Gobierno. La reconstrucción permitirá actualizar parte de la infraestructura crítica y será el comienzo de una nueva etapa de desarrollo económico para beneficio de todos’’, expuso Seilhamer.
Sin embargo, uno de los obstáculos que encontraron en el recién creado Concilio de Reconstrucción, que preside Seilhamer, es la burocracia que existe en la otorgación de permisos. El secretario confirmó que el Concilio tiene bajo sus órdenes alrededor de 1,000 proyectos.
Además, una de las sugerencias que brindó a la Comisión es eliminar lo que ordena la Resolución de los 90 días, y en cambio se disponga que el gobierno central cada 90 días brinde un informe de seguimiento a la Asamblea legislativa sobre los avances de los proyectos.
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A su vez, constató que actualmente hay 726 escuelas que fueron contratadas por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFFI) en todo Puerto Rico, de las cuales, 597 escuelas ya han recibido un análisis y estudio sobre sus columnas cortas, lo que representa el 75 por ciento. De igual forma, las subastas para la construcción de los primeros dos módulos en Guánica fueron realizadas a través de AFI. Mientras, se espera que próximamente se realicen las mismas para Guayanilla y Yauco. Está previsto que para agosto las obras estén finalizadas.
Asimismo, Fourquet Cordero presidente de la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste sostuvo que ‘’podemos decirle a Puerto Rico que la reconstrucción va a comenzar. Es hora de dejar de anunciar la llegada de fondos y comenzar a ver el cemento y la varilla’’.
‘’Aquí hay una gama y peculiaridad entre cada municipio que hace difícil establecer un meta razonable. Uno de los retos más grandes que tenemos es la liquidez de pagar las certificaciones y el poder cumplir con los requerimientos de los fondos federales para no perderlos. Me dedicaré a reunirme con los tres bancos y que lleguen a acuerdos con cada municipio par que se agilicen los desembolsos y eliminar las trabas existentes’’, manifestó Seilhamer sobre las metas razonables de lo que se debe realizar en un periodo de 90 días a partir de la fecha de hoy con la reconstrucción.
Inspecciones a escuelas
Mientras, el ingeniero Enrique Questell en representación del Departamento de Educación (DE) especificó que ya han realizado una inspección de cada una de las 858 escuelas activas en Puerto Rico.
De igual forma, la entidad gubernamental, ha desarrollado una serie de proyectos para atender la situación de infraestructura en los planteles clasificados como ‘’no aptos’’. La meta del Departamento en las iniciativas es poner las escuelas en condiciones adecuadas para poder recibir a los estudiantes de manera presencial y/o híbrida. Entre las medidas que se encuentran son: la reparación de 112 escuelas en la zona cero, la implementación de centros de estudio temporero y la habilitación de escuelas en desuso para garantizar la continuidad a los servicios educativos’’.
El Departamento aseguró que a raíz de los sismos en enero 2020 y daños ocasionados en la infraestructura que no ha permitido sus aperturas, se suscribieron a AFI para la adquisición e instalación de estructuras temporeras que servirán como escuelas con una inversión presupuestaria de 46 millones de dólares.
Questell añadió que la dependencia avaló la medida indicando que ‘’nos encontramos trabajando arduamente para asegurar que el regreso a clases presenciales o híbrida sea de manera segura y nos comparte el sentido de urgencia esbozado en la Resolución’’.
Fondos asignados
Por otro lado, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el Departamento de Vivienda endosaron la medida.
Por parte del DDEC, el Lcdo. Carlos Ríos Pierluisi, detalló que para reactivar la economía de los pequeños negocios que operan en los municipios más afectados por actividad sísmica, asignaron 2,500,000 dólares lo que significa una aportación de 2,500 dólares por negocio.
En relación a los fondos federales, la agencia agregó que la responsabilidad de la administración de los fondos recae sobre COR3 y el Departamento de Vivienda.
‘’Reconocemos la necesidad de apoyar las gestiones gubernamentales dirigidas a reconstruir, revitalizar y promover un desarrollo sostenible en Puerto Rico, incluyendo la región suroeste’’, dijo Ríos Pierluisi.
Por otra parte, la licenciada Maite Texidor López del Departamento de la Vivienda aclaró que Housing and Community Development Act de 1974 (HUD) asignó a Puerto Rico 36,424,000 dólares para las áreas impactadas por los terremotos del 2019. De esa cantidad, no menos de 29,139,200 dólares deben ser destinados a los municipios de Guánica, Guayanilla, Yauco y Ponce.
Del mismo modo, Vivienda solicitó a la Junta de Control Fiscal (JCF) tres reprogramaciones aprobadas ascendentes a 51,431,000 dólares para atender las demoliciones y remoción de escombros de propiedades afectadas por los sismos, en los municipios de Yauco, Peñuelas, Guánica, Guayanilla y Ponce.
‘’Coincidimos en que hay que procurar una pronta gestión para garantizar la recuperación saludable de los ciudadanos, que haya una fiscalización apropiada y transparencia para que los recursos se destinen adecuadamente, pero debemos alertar que obligar al Estado a actuar en una ventana de tiempo definida pudiese ir en contra de la reglamentación que afecta los fondos federales destinados para la recuperación de la Isla’’, puntualizó López.
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