Aval del DACO para elevar a rango de ley la Carta de Derechos al Consumidor

Actualmente este solo existe como una pronunciación interna del DACO

Por CyberNews

La Comisión sobre los Derechos del Consumidor de la Cámara de Representantes inició el martes, el proceso de vistas públicas para evaluar el proyecto que elevaría a rango de ley la “Carta de Derechos al Consumidor”, que solo existe como una pronunciación interna del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

“Estamos trabajando en conjunto para poder ofrecerle las herramientas que necesita el Departamento, para que puedan realizar las funciones de fiscalización y regulación”, expresó la legisladora en comunicación escrita.

El Proyecto de la Cámara 583, radicado por la representante Estrella Martínez Soto, también propone añadir en el estatuto el derecho a no discriminación y el derecho a ser protegido en los medios electrónicos con el fin de atemperarlo a las nuevas realidades sociales y económicas.

Tanto DACO, como la Oficina de Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), endosaron la medida que cuenta, además, con una decena de coautores.

“El Proyecto aludido es cónsono con el deber ministerial del Departamento en velar que todo ciudadano esté pagando un justo precio por el bien o servicio que recibe”, expresó en su ponencia explicativa el secretario de DACO, Edan Rivera Rodríguez.

“Compartimos la preocupación expresada en torno a los derechos de los consumidores y el aumento en compras utilizando medios electrónicos, al igual que el acceso de todo ciudadano a las mismas oportunidades comerciales sin importar su raza, género, religión, nacionalidad, ideología o credo, orientación sexual, entre otros”, reza la presentación de la agencia.

Aunque la OIPC avaló la pieza legislativa, la dependencia emitió algunas recomendaciones a la comisión cameral. Como parte del derecho a la información, sugiere que se incluya un lenguaje al efecto de hacer mandatario que todo contrato a ser firmado por un consumidor le sea provisto de manera impresa previo a su firma.

La directora de la OIPC, Hannia Rivera Díaz, indicó en su ponencia que en múltiples ocasiones la compañía que ofrece el servicio no le provee al cliente una copia del contrato impreso para su revisión previo a la firma, siendo reemplazado por medios electrónicos como tabletas. “Entendemos que esto le priva al consumidor de tener la oportunidad de revisar en su totalidad el contrato o de inclusive consultar con algún representante legal de confianza”, señaló.

De igual forma, recomendó añadir en el derecho a la compensación un lenguaje dirigido a ordenar que el consumidor sea informado por escrito de todos los aspectos de cualquier garantía aplicable al bien comprado o servicio contratado.

A estas sugerencias el representante Orlando Aponte Rosario comentó su preocupación por las personas de edad avanzada cuando se trate de la firma de un contrato voluminoso, por lo que expuso la alternativa de un periodo de rescisión para proteger, principalmente, a esta población.

“Estaríamos totalmente de acuerdo con un periodo de rescisión. Supongo que se podría tomar en consideración el servicio que se está proveyendo o lo que se está contratando. En la banca y en muchas otras circunstancias te permiten un periodo para rescindir, por si por alguna razón lo firmaste (el contrato) sin haberlo leído y haberte consultado”, indicó el licenciado Pedro Vázquez, asesor legal de la OIPC.

En cuanto al derecho a los servicios públicos, la dependencia plantea que se incluya un lenguaje dirigido a establecer que los consumidores tendrán derecho a un debido proceso de ley para objetar los cargos en los cuales el consumidor no esté de acuerdo o no reconozca.

Mientras tanto, Aponte Rosario requirió al DACO un listado de recomendaciones para fiscalizar el cumplimiento de la Carta de Derechos una vez se eleve a rango de ley, así como las consecuencias por infracción.

“Que esta Carta de Derechos no quede en un papel en el Departamento de Asuntos del Consumidor o como un recordatorio que le vayan a exigir ahora a los comerciantes y empresarios que, si no tienen este papel metido en una carpeta, entonces llega el Departamento a darles una multa. No se trata de eso. Se trata de protección a los consumidores”, manifestó el legislador.

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