La Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización, que preside el representante Juan Santiago Nieves realizó el jueves una vista pública con el propósito de atender la Resolución de la Cámara 6, que busca realizar una investigación sobre la problemática del manejo de los desperdicios sólidos en los municipios, su impacto en las arcas municipales, así como, examinar posibles alternativas para atender esta situación.
“Uno de los principales problemas que enfrentan nuestros ayuntamientos es el manejo de la basura y los desperdicios sólidos. Esta situación, que permanece subyacente ante la discusión de otros asuntos que parecen acaparar los medios de comunicación, tiene todas las características de convertirse en una verdadera crisis de salud ante la reducción de los recursos municipales y ante la ineficiencia del gobierno central de encontrar alternativas para atenderla. Tenemos grandes retos sobre el tema del reciclaje y reducción en PR. Desde el 1992 hemos establecido una política pública de reciclaje y nunca hemos llegado al por ciento de 30 y 35 por ciento”, sostuvo el presidente de la Comisión en comunicación escrita.
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A la vista pública compareció el alcalde del Municipio de Hormigueros, Pedro García Figueroa; el administrador del Municipio Autónomo de Ponce, Francisco Rodríguez; la licenciada Laura Díaz Solá y el ayudante especial del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Antonio Ríos Díaz.
Por su parte, el alcalde de Hormigueros mencionó que, a su llegada al municipio, la operación del vertedero ya estaba llegando a su máximo nivel. Para atender la urgencia del asunto, solicitó la autorización para la construcción de una nueva celda de tiro dentro de la huella ya existente. La inversión municipal para esa nueva celda, cumpliendo con todas las reglamentaciones fue cerca de 1.3 millones de dólares para un municipio cuyo presupuesto anual ronda los 10 millones de dólares.
“Tuve que invertir la cantidad de 1.3 millones de dólares de fondos municipales, ya que el Estado no aportó nada. Además, tuvimos que solicitar un préstamo en el Banco Gubernamental de Fomento ya que el Estado, y el Banco quebró, y el municipio ya había comenzado su construcción de la celda y lo tuvo que pagar el municipio”, afirmó García Figueroa.
A su vez, añadió que hace 2 dos años el municipio terminó la celda. No obstante, a esa cantidad de 1.3 millones de dólares hay que sumar los gastos recurrentes de operación (equipos, gasolina, diésel, monitoreo de gases y otros) que suman más de 200 mil dólares al año y el gasto de nómina de unos 51 empleados que asciende unos 725 mil dólares adicionales.
A su vez, el administrador del Municipio de Ponce mencionó que la basura doméstica generada en la Ciudad Señorial es recogida por la compañía ConWaste, cuyo contrato vence en el 2029 y para este año fiscal conlleva un gasto a las arcas municipales de 441,137.04 dólares mensuales. Aproximadamente 67,000 toneladas de basura doméstica son depositadas en el sistema de relleno sanitario.
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“El Municipio de Ponce dejó de generar ingresos en la venta de los materiales reciclables y pagar aproximadamente 80,000.00 dólares anuales por el recogido, transportación y manejo de los mismos desde el año pasado. “Aún con este golpe no hemos dejado de ofrecer tan importante servicio y se han realizado ajustes financieros para poder cumplir nuestro compromiso”, expresó Rodríguez, quien como alternativa y solución sugirió al presidente de la Comisión la creación de industrias dedicadas al recogido, manejo y transportación final de los materiales reciclables que redunde en beneficios e incrementos económicos a los municipios y/o reducción de gastos. “Urge además fomentar e incentivar los programas de reciclaje municipales para poder extender los servicios a toda la ciudadanía”, añadió.
Por otra parte, el DRNA mencionó que los vertederos en Puerto Rico se establecieron antes de que se promulgará el Reglamento para el Manejo de los Desperdicio Sólidos No Peligrosos, (RMDSNP) por lo cual la mayoría de las instalaciones no cuentan con los controles de ingeniería, ni con los componentes básicos de operación, pudiendo representar un peligro potencial a la salud humana y al medio ambiente.
Actualmente, en PR existen 29 Sistemas de Relleno Sanitario (SRS), de los cuales 11 son considerados en cumplimiento ambiental con la Ley y Reglamentación de Conservación y Recuperación de Recursos (RCA), o sea, que cuentan con algún tipo de control ambiental y 9 de estos cuentan con posible para de expansión, entiéndase mediante la construcción de celdas nuevas. Estos son: Cabo Rojo, Carolina, Fajardo, Humacao, Juncos, Lajas, Peñuelas y Yauco.
Sin embargo, los 18 SRS restantes no están en cumplimiento ambiental y son considerados vertederos abiertos; de estos 11 tienen orden de cierre de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y son: Arecibo, Arroyo, Cayey, Florida, Isabela, Juncos, Lajas, Moca, Toa Alta, Toa Baja y Vega Baja.
En cuanto a alternativas de financiamiento para proyectos dirigidos a atender esta apremiante situación, el DRNA resaltó que en el 2018 la Ley Presupuestaria Bipartidista del Congreso de los Estados Unidos bajo la Aprobación Suplementaria para la Recuperación de Desastres confirió a la EPA 40 millones de dólares mediante subvención económica para el manejo de desperdicios peligrosos y desperdicios sólidos no peligrosos en Puerto Rico. “Al presente esta subvención económica o grant se está trabajando en conjunto por el DRNA y la EPA. Los fondos disponibles tienen como objetivo la realización del Reglamento para los SRS, los Estudios de Caracterización de los desperdicios no peligrosos y el itinerario dinámico, piezas fundamentales de planificación ambiental para el manejo efectivo y ordenado de los desperdicios sólidos en Puerto Rico”, puntualizó Díaz Solá.
