Pese a que el reglamento sobre la prohibición del depósito de cenizas de carbón debió estar listo en abril de 2020, el secretario del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Rafael Machargo, indicó que el reglamento ahora pasará a la Junta de Control Fiscal (JCF) para que esta lo evalúe antes de someterlo finalmente al Departamento de Estado.
“Ahora con la Ley Promesa estamos en el último paso que es someter el reglamento a la Junta de Control Fiscal para que la Junta lo evalúe porque ya tenemos todo el lenguaje, todo el informe como ya lo hemos evaluado y ya pasó el proceso de vistas públicas. Una vez la Junta nos dé el visto bueno, lo sometemos al Departamento de Estado”, señaló Machargo en entrevista con Metro.
La ley 5 de 2020 —la cual prohíbe el depósito y disposición de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón en Puerto Rico— le daba al DRNA un término de 90 días para someter un reglamento para que se cumpla con las disposiciones de la Ley. La pieza legislativa fue firmada por la entonces gobernadora Wanda Vázquez el 2 de enero de 2020, por lo que el DRNA debió entregar dicho borrador el 2 de abril de 2020.
Ante cuestionamientos de este diario, Machargo justificó la demora debido al tiempo que tomó su redacción y el proceso de vistas públicas que se realizó en noviembre. “[Luego de las vistas] recibí el informe y cuando lo vi, pues entendí que había unos aspectos que había que aclarar. Y lo hemos aclarado asegurándonos que se protege la salud del público, y ahora que estamos conformes con el producto que se tiene, pues quería someterlo al Departamento de Estado esta misma semana, pero en conversaciones con Aafaf [Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal] me dicen que tenemos que someterlo a la Junta”, dijo Machargo. El portavoz de prensa de la agencia luego indicó a este medio que el reglamento debía pasar por el crisol de la Junta debido a que el documento contempla unas tarifas que regulan el uso de las cenizas.
Por su parte, Machargo rechazó las denuncias de integrantes del Campamento contra las cenizas en Peñuelas quienes imputaron al funcionario de mantener “secuestrado” el reglamento. “No estaba secuestrado. Estaba trabajándose para que fuese el producto que hiciera o que cumpliera con la Ley y con el espíritu de la ley y protegiera la salud pública”, comentó el funcionario.
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Pese a que la Ley 5 de 2020 prohíbe el depósito de cenizas en la isla, grupos ambientales mostraron preocupación desde el periodo de vistas públicas en torno al reglamento ya que este podría permitirles dispensas a empresas como Applied Energy Systems (AES) para darle ciertos usos a estos residuos.
Por su parte, Machargo indicó que el DRNA no puede ordenar el cierre de la planta de AES antes del 2027, fecha en que se supone que venza el contrato con dicha empresa la cual opera una planta de carbón en Guayama. “No puedo cerrar la planta, porque la ley permite que esa planta esté hasta el 2027”, comentó el funcionario, quien mencionó que el reglamento de la prohibición para el depósito de cenizas tiene que ajustarse a las leyes del país.