La Contraloría de Puerto Rico emitió el jueves una opinión adversa de las operaciones relacionadas con la contratación del administrador privado del Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico.
Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que la contratación de este servicio no se realizó, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
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El Informe revela, que del 2011 al 2017 el Negociado no formalizó un contrato con la compañía privada para la administración del Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico. Esta compañía prestó servicios desde el 2007 al 2010 con un contrato de 570,000 dólares, que se enmendó por 153,000 dólares hasta el 2011.
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La auditoría de un hallazgo señala que, a partir del 2011, el Negociado realizó pagos indebidos a la compañía privada que ascienden a 1,031,028 dólares. Esta situación se atribuye a que los entonces comisionados del Negociado, se apartaron de las disposiciones de ley y contractuales. El Informe recomienda al presidente del Negociado a recobrar los fondos desembolsados forma indebida.
La Ley 213-1996 y el Reglamento de Servicio Universal de 2009, establecen que un administrador independiente mediante subasta competitiva administra las sumas depositadas en la cuenta del Fondo y supervisa su desembolso a las compañías de telecomunicaciones elegibles, entre otras disposiciones. Del 2016 al 2019, el Fondo generó ingresos, independientes del Negociado, por 34,777,7434 dólares y realizó desembolsos por 16,947,596 dólares.
Este segundo y último informe del Negociado de Telecomunicaciones, cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2019.
