Utier pide al Tribunal Federal que anule contrato con LUMA Energy

El colectivo sindical argumentó que el contrato es ilegal y que no supone beneficios para el país.

Por Metro Puerto Rico

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, anunció hoy que el colectivo sindical presentó una demanda en el Tribunal Federal para que declare nulo el contrato entre el gobierno y el consorcio energético LUMA Energy para que este último administre el sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica del país.

Según el líder sindical, el acuerdo es ilegal y leonino ya que no dispone beneficios a favor de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sus empleados y el país. Indicó además que el contrato con LUMA Energy viola varias disposiciones de leyes locales y federales.

"La Utier presentó hoy ante el Tribunal de Título de Promesa [Título III] para que se declare nulo el contrato entre la AEE y LUMA Energy por ser contrario a la ley, la moral y al orden público. Además solicitamos una orden de interdicto para que se paralice la implantación del contrato para que LUMA devuelva los más de $100 millones que le ha facturado a la AEE", dijo Figueroa Jaramillo durante una rueda de prensa.

Por su parte, Rolando Emmanuelli, representante legal de la Utier, comentó que el contrato no cuenta con una sola disposición que beneficie al pueblo de Puerto Rico.

"Bajo esas circunstancias se activa el Código Civil que todos los contratos en Puerto Rico tienen que cumplir con una máxima principal que no sean contrarios a la ley, la moral y el orden público. Un contrato que sea en contra de la ley, la moral y el orden público es nulo y se devuelven las prestaciones que se hayan dado", añadió el letrado, quien acotó que el acuerdo no obliga a la empresa a invertir en el sistema de transmisión y distribución que operará por los próximos 15 años a partir del 1 de junio.

Agregó que, debido a que el contrato no muestra beneficios para el país, también aplica la doctrina de contratos leoninos. "No solo va contra la ley también va contra el orden público y aplica la doctrina de los contratos leoninos que un contrato que no tenga disposiciones a favor de a una de las partes se considera abusivo y es mucho más estricto y exigente cuando se trata de contratos que perjudican al interés público y que perjudican al gobierno y sus instrumentalidades públicas", dijo.

Por su parte, la también representante legal de la Utier, Jessica Méndez, planteó que, según análisis que hizo la entidad, de 53 cláusulas del contrato 41 de estas benefician a LUMA, ocho benefician a la AAPP y cuatro disposiciones son neutrales. "Ninguna beneficia a PREPA [AEE]", dijo la abogada.

Señaló también que el contrato con LUMA Energy no garantiza los derechos obtenidos por los trabajadores de la corporación pública, según lo dispone la Ley 120 de 2018. Emmanuelli mencionó que, cónsono con esta ley, los empleados de la AEE que pasen a LUMA u a otra agencia de gobierno deben conservar sus beneficios y derechos que han obtenido. Ante esto, mencionó que el acuerdo no le garantiza estos beneficios a los empleados y que supone una presión adicional en el Sistema de Retiro de los empleados de la AEE el cual mencionó tiene una deuda de $600 millones en las aportaciones que debe hacerle a los empleados.

"Hay un conflicto entre la ley 29 que establece que los empleados que se vayan con el privatizador pueden continuar aportando al sistema de retiro y eso crea unos sistema de retiro híbridos con diferentes reglas que hacen que entonces se violenten los objetivos de la Ley ERISA", apuntó Emmanuelli, quien comentó que esta ley dispone que los sistema de retiros deben ser uniformes.

El abogado también precisó que solicitaron al tribunal federal que declare inconstitucional la Ley de las Alianzas Públicos Privadas y todas sus actuaciones ya que violenta la cláusula de separación de poderes, toda vez que el nombramiento de dos de sus miembros de su Junta no son recomendados por el gobernador que luego pasan el proceso de consejo y consentimiento del Senado.

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