El representante popular Luis Raúl Torres anunció esta mañana que referirá al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor lo que considera son posibles violaciones cometidas por el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ralph Kreil Rivera, al firmar al menos una certificación relacionada con una instalación eléctrica en una residencia privada.
Torres, quien es presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía en la Cámara de Representantes, señaló que, luego de recibir el insumo de sus asesores, entiende que el ingeniero Kreil Rivera pudo haber violentado la ley orgánica de la AEE (Ley 83-1941), la Ley de Ética Gubernamental (Ley 1-2012) y el Código Anticorrupción (Ley 2-2018).
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Los hechos a los que se refiere Torres trascendieron ayer cuando el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa Jaramillo, divulgó en redes sociales copia de una certificación, con fecha del 12 de abril, que Kreil Rivera, en su carácter privado, emitió sobre una instalación eléctrica en la casa de una persona identificada en el documento como Rolando Ávila.
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En horas de la tarde de ayer, Kreil Rivera reaccionó mediante unas declaraciones escritas, en las que expresó que el Reglamento para la Certificación de Instalaciones Eléctricas de la AEE solo establece que el ingeniero o perito que certifica una instalación no puede ser “empleado de la Autoridad y no proveerá beneficio económico a empleado alguno relacionado con esta certificación”.
Según Kreil Rivera, “los miembros de la Junta de Gobierno no son empleados de la Autoridad ni devengan un salario por las funciones que realizan. Es por ello que no están impedidos de ejercer la práctica privada de su profesión”.
No obstante, Torres, representante por el distrito 2 de San Juan, expresó que el Código Anticorrupción, en el inciso 3.1(q), estipula que el término de “servidor público” “comprende a los funcionarios y a los empleados públicos”, al tiempo que el inciso 3.1(h) del estatuto sostiene que es un funcionario la “persona investida con parte de la soberanía del Estado, por lo que interviene en la formulación e implantación de política pública, y ocupa un cargo, o está empleada, en el Gobierno de Puerto Rico”.
De acuerdo con Torres, Kreil Rivera incurrió en un conflicto de interés, según lo define el inciso 3.1(b) del Código Anticorrupción, así como en violaciones a los incisos 4(a), 4(d) y 4(h) de la Ley 83, que regulan la conducta de los miembros de la Junta de Gobierno de la AEE.
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“Es díficil que un empleado de línea se atreva a negar una certificación” que fue emitida por el presidente de la Junta de Gobierno, afirmó Torres durante una conferencia de prensa virtual.
De igual forma, Torres cree que Kreil Rivera, al llevar a cabo la certificación, menoscabó su “independencia de criterio”, según lo establece la Ley de Ética.
Según Kreil Rivera, la certificación que firmó “corresponde a un proyecto que la corporación de la que forma parte contrajo en el 2001, que se realizó por etapas y que, cumpliendo con la responsabilidad profesional de completarlo, se certificó y estuvo sujeta a los procedimientos rutinarios, en cumplimiento con los reglamentos y leyes vigentes”.
El veterano legislador indicó que solicitaría al gobernador Pedro Pierluisi que destituyera a Kreil Rivera según lo contempla la Ley 83, que enumera una serie de causales a estos efectos.
Torres mencionó, durante la rueda de prensa, que más adelante anunciará si presenta una resolución para investigar las potenciales actuaciones irregulares del ingeniero.
De otra parte, el representante aseguró que a su oficina ha llegado información de que Kreil Rivera acostumbra a emitir este tipo de certificación, aunque solo presentó la relacionada con la residencia de Ávila.
Asimismo, anticipó que, cuando cite a Kreil Rivera a la comisión cameral que preside, le preguntará sobre una presunta relación de compadrazgo que mantiene con Ávila, que admitió no ha podido corroborar.
Ante las denuncias de Figueroa Jaramillo de que Ávila es un “posible contratista” de la AEE, Torres dijo que no tenía informacion al respecto. Ávila aparece en el registro de corporaciones como presidente y tesorero de Engineering Systems & Sales, Inc., una compañía con sede en Ponce, pero en el registro de contratos del Contralor no se refleja ningún acuerdo gubernamental con la empresa ni con Ávila en su carácter individual.
