El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, defendió la facultad del ejecutivo para reasignar unilateralmente $1.85 millones a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para costear el evento electoral en la que se escogerán los seis cabilderos que viajarán a la capital federal para impulsar la anexión de Puerto Rico.
Blanco detalló que el dinero asignado a la CEE proviene de “unos sobrantes que se identificaron en el presupuesto actual. Específicamente de un dinero que estaba presupuestado para contratos de servicios profesionales en las agencias fiscales”, como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y la propia OGP.
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Pese a que la ley orgánica de OGP dispone, en su artículo 4, que el gobernador y la OGP podrán “enmendar los detalles presupuestarios en la forma que crea necesario sin que ello afecte la cuantía total asignada a los organismos”, Blanco planteó que la jurisprudencia valida que la rama ejecutiva tiene la prerrogativa de obviar el juicio de la Legislatura cuando se trata de asignar dinero para implementar leyes que ya fueron aprobadas, como el estatuto que ordenó la elección especial del 16 de mayo.
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La pasada semana, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes derrotó la propuesta de reprogramación de fondos que se presentó ante su consideración luego de que la Junta de Control Fiscal (JCF) descartara avalar la reasignación de fondos mediante los mecanismos que permite la Ley Promesa.
“Existen precedentes legales y muchos casos que analizamos y, basado en eso, se hace la determinación, además del mandato constitucional que tiene el gobernador de hacer valer las leyes, de que en una situación como esta, donde hay una ley válida aprobada, se le puede asignar (fondos). No aumentando el presupuesto, porque no asignamos dinero nuevo que no estuviera en el presupuesto, sino que identificamos unas partidas que no se iban a utilizar y (que si no se reasignaban) se iban a perder”, expresó Blanco en entrevista con este medio.
Ayer, varios días luego de la negativa de la Cámara baja a considerar la reprogramación, la JCF emitió una resolución en la que rechazó nuevamente la posibilidad de reasignar el dinero al amparo de Promesa.
Sin embargo, Blanco descartó que, con su determinación, la administración de Pedro Pierluisi esté actuando en contra del estatuto federal o el dictamen del organismo fiscal.
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Esta tarde, el portavoz de la JCF, Edward Zayas, informó que “no hemos sido notificados formalmente de ninguna acción presupuestaria con respecto a este asunto”.
Para Blanco, la interpretación que se desprende de la resolución de la JCF es que el ente no intervendrá más en la controversia presupuestaria, a los fines de cumplir con el mandato de Promesa que le impide “restringir el derecho de Puerto Rico a determinar su estatus político futuro”.
“Estamos acostumbrados a trabajar dentro del mundo de Promesa, que es lo que hemos conocido por los últimos años, y fuimos por los canales correctos. Hicimos las solicitudes, se trabajó una petición presupuestaria y, al no lograr poder moverlo, cada cuál hizo su análisis y la Junta llegar a esta conclusión, pues revierte a lo que es la ley orgánica (de OGP), la historia, los precedentes que existen en Puerto Rico. Estamos confiados que el proceso que hemos seguido cumple con todos los requisitos constitucionales y las leyes aplicables en Puerto Rico”, insistió Blanco.
Luego de que se anunciara que se asignaría el dinero necesario a la CEE, tanto el Partido Popular Democrático como el Partido Independentista Puertorriqueño condenaron el proceder del ejecutivo.
El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, anticipó en un comunicado que, una vez reciba una certificación de la transacción por los $1.85 millones “procederemos a los foros pertinentes para que se cumpla con la ley”.
