Los fiscales especiales independientes que investigan a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y cinco exfuncionarios adicionales entregaron ayer su informe sobre la pesquisa, un día antes de cumplirse la quinta prórroga que el panel de ex jueves de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) les había concedido.
Luis De la Cruz, portavoz de la OPFEI, explicó a Metro que ahora los fiscales Leticia Pabón y Miguel Colón tendrán hasta 30 días para determinar con el panel de ex jueces si se presentarán cargos criminales. De determinarse la no radicación de cargos, el panel de ex jueces emitirá una resolución con declaraciones al respecto, indicó De la Cruz.
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La ley orgánica de la OPFEI dispone que, una vez completada la investigación de los fiscales especiales, estos deberán “radicar las acusaciones e instar los procesos que correspondan dentro de un término que no excederá de 30 días después de completada la investigación”.
Además de Vázquez Garced, los fiscales especiales investigan a la exsenadora Evelyn Vázquez Nieves; el exsecretario de la gobernación Antonio Pabón Batlle; Surima Quiñones, exdirectora de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef); José Alfredo Galarza, exsubdirector de Adsef; y María Teresa Zayas, jefa de Servicios Operacionales de esa misma dependencia del Departamento de la Familia.
En el caso de Vázquez Garced, el Departamento de Justicia recomendó investigar si incurrió en violaciones al Código Anticorrupción al despedir a la exseretaria de la Familia, Glorimar Andújar en medio de la emergencia por los terremotos de enero de 2020. Este sería el primer caso en el que se radicarían cargos bajo el Código Anticorrupción que se convirtió en ley bajo la administración de Ricardo Rosselló, cuando Vázquez Garced era secretaria de Justicia y avaló la medida.
Andújar habría iniciado una pesquisa sobre denuncias de un patrón, liderado por Quiñones, de manejo con fines partidistas de suministros, del cual participaban los exsenadores Nelson Cruz y Vázquez Nieves, en aquel entonces, aliados políticos de Vázquez Garced.
La exgobernadora, por medio de Pabón Batlle, habría ordenado a Andújar revertir la suspensión sumaria que impuso a Quiñones mientras se investigaba internamente el alegado uso partidista de los suministros destinados a comunidades afectadas por los terremotos.
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Los fiscales especiales independientes comenzaron la pesquisa sobre Vázquez Garced en julio del pasado año, luego de recibir el informe preliminar firmado por la exsecretaria de Justicia Dennise Longo, quien fue despedida por la exmandataria el mismo día que realizó el referido. La OPFEI habría extendido su pesquisa sobre el trámite irregular del referido, ya que la breve secretaria interina de Justicia Wandymar Burgos, ordenó detener la entrega del referido.
El 23 de febrero, en una conferencia de prensa, la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives, precisó que la prórroga otorgada el 9 de febrero respondió a que el organismo recibió documentación adicional que implicaba a dos de los exfuncionarios investigados. La exjueza de Apelaciones no precisó a cuáles personas involucraban dichos documentos.
¿Qué dice la Ley que se aplicaría a la Gobernadora en la investigación del FEI?
Ley Núm. 2 de 4 de enero del 2018, Código Anticorrupción para un Nuevo Puerto Rico
Artículo 4.2. — Prohibición de represalias contra personas que denuncien actos de corrupción. (3 L.P.R.A. § 1884a)
(a) Ninguna persona podrá hostigar, discriminar, despedir, amenazar o suspender algún beneficio, derecho o protección a otra persona por el hecho de que ésta provea información, coopere o funja como testigo en cualquier investigación que conduzca a alguna denuncia, acusación, convicción, acción civil o administrativa, por conducta relacionada con el uso ilegal de propiedad o fondos públicos.
(b) Ninguna persona podrá despedir, amenazar, discriminar, o en forma alguna tomar represalias contra otra persona con relación a los términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios, protecciones o privilegios del empleo porque éste ofrezca o intente ofrecer verbalmente o por escrito cualquier testimonio, expresión o información sobre alegados actos impropios o ilegales en el uso de propiedad y fondos públicos o actos constitutivos de corrupción ante cualquier funcionario o empleado con funciones investigativas o ante un foro legislativo, administrativo o judicial, estatal o federal, cuando dichas declaraciones no sean difamatorias, infundadas o frívolas ni constituyan información privilegiada bajo las Reglas de Evidencia o alguna ley.
