La Universidad de Puerto Rico sometió hoy su Plan Fiscal Revisado del 2021, según aprobado por la Junta de Gobierno de la institución en reunión ordinaria número 9, celebrada ayer, jueves 25 de marzo de 2021. El documento, que es el sexto de su tipo que presenta la Universidad ante la Junta de Supervisión Fiscal desde que entró en vigor PROMESA, proyecta una asignación del Gobierno Central para el año fiscal 2022 de $501 millones, alineado con la propuesta enviada por el Gobierno a la Junta de Supervisión Fiscal. El plan no contempla despido de empleados, ni cierre de recintos. Además, el plan incluye un desglose de las acciones administrativas, iniciativas y asuntos fiscales y financieros pendientes para encaminar una resolución definitiva de los aspectos más apremiantes para la Universidad a corto y largo plazo.
En esta versión actualizada del plan fiscal, la Universidad también enumera los logros en los últimos años y detalla los desafíos que enfrenta la institución de cara al futuro. El documento consigna que desde 2017, la Universidad ha mejorado su eficiencia operacional, ha reducido sus costos y gastos y ha diversificado sus fuentes de ingreso. Entre los logros recientes destaca la conversión del 100% del ofrecimiento académico a su formato en línea (proveyendo continuidad al año académico a pesar de la Pandemia del COVID-19), la actualización de los estados financieros auditados, el cumplimiento del pago con el pago de la deuda mediante un acuerdo de indulgencia, el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje a distancia, el avance en los procesos de digitalización, la implementación de un nuevo modelo de presupuesto y el comienzo de la prestación de servicios técnicos a las agencias como el programa de tutorías desarrollado para el Departamento de Educación.
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Asimismo, el documento desglosa entre los principales desafíos que encara la Universidad los recortes en las asignaciones, el impacto de los desastres naturales y su infraestructura crítica, la necesaria respuesta a la pandemia, la baja en la matrícula, los problemas de solvencia del Sistema de Retiro y la disminución del fondo de reserva.
La asignación del Gobierno Central de los $501 millones surge de la suma de una dotación base de $407 millones, según estipulado en el Plan Fiscal Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal, y $94 millones como nueva asignación de fondos de resiliencia fiscal. La Universidad ha propuesto que esa nueva partida, producto de postura de la actual administración de gobierno de no continuar con la imposición de reducciones en la aportación del fondo general, no se designe para cubrir deficiencias o como amparo para no implementar alguna medida fiscal, sino que estos fondos sean destinados a una lista de inversiones e iniciativas estratégicas específicas y restrictas que van dirigidas a atender la mayor parte de los retos identificados y que se desglosan de la siguiente manera:
• $40 millones como aportación adicional destinada a capitalizar el Sistema de Retiro. Esta cifra se sumaría a la asignación regular proyectada de $120 millones, lo que elevaría la asignación para este propósito a $160 millones anuales y eliminaría la apertura a una reducción de beneficios a pensionados.
• $10 millones para Ciencias Médicas como mitigación del impacto del Covid (para el año fiscal 2022)
• $20 millones para el pareo de fondos federales (para el año fiscal 2022)
• $20 millones para solventar la liquidez de la institución mediante un fondo de reserva para emergencias. Este fondo ha decrecido $170 millones desde 2018 debido a las contribuciones adicionales al Sistema de Retiro, a los pagos del servicio de la deuda y gastos por la pandemia, entre otras necesidades que han debido ser cubiertas con este fondo.
• $4 millones como asignación inicial para el proceso de revisión del plan de clasificación y retribución de empleados no docentes. El total estimado de esta inversión es de entre $25 a $35 millones anuales. Una partida de $30 millones adicionales se asignaría a partir del 2023, cuando esté listo el plan de clasificación.
Desde el año fiscal 2018 hasta el 2026, la Universidad habráejecutado y acumulado medidas que tendrán un impacto total de $1,900 millones. Al finalizar el año fiscal 2021, la entidad alcanzaría el 73% de esa cifra. A pesar del impacto total de las medidas ya ejecutadas, el equipo a cargo de gestionar el plan del primer centro docente se ha esforzado por trascender los aspectos fiscales e insertar aspectos estratégicos, que proyecten una perspectiva más abarcadora y holística de la Universidad.
“Los esfuerzos de elaboración de este documento se han enfocado en llegar a un plan que sea sustentable, que gestione la resolución de los problemas y déficits operacionales, que atienda las deudas que gravan las finanzas de la Universidad, dé espacio para la reforma del modelo del plan de retiro, permita asignar fondos para inversiones estratégicas en infraestructura, personal y estudiantes al tiempo que se logra garantizar la sostenibilidad del proyecto universitario sin comprometer empleos ni las pensiones. Además, buscamos conciliar todo esto en un marco de cumplimiento con los requisitos de la Junta de Supervisión Fiscal, porque es posible trabajar en un proyecto y conceptualización consensuada que nos lleve prontamente a la sostenibilidad y también a superar esta etapa de estricta supervisión externa. Debemos aspirar a llevar a la Universidad a mejorar su capacidad no solo de gestionarse como un proyecto viable que sea la base de nuestro desarrollo económico sino también a tener el compromiso de autofiscalizarse”, expresó el ingeniero Emilio Colón, presidente de la Junta de Gobierno.
Reforma del Sistema de Retiro
Este Plan Fiscal Revisado también incluye las medidas para reestructurar el Sistema de Retiro, un renglón que representa uno de los mayores retos que enfrenta la Universidad para poder garantizar su sostenibilidad. Según el documento fiscal, el plan de pensiones estaría recibiendo una aportación anual de $160 millones por la vigencia del Plan Fiscal.
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Las medidas dirigidas a atender la apremiante situación del plan de pensiones de la entidad incluyen:
• la congelación del plan de beneficios definidos para empleados “non- vested” (con menos de 10 años) del Sistema de Retiro efectivo el 31 de diciembre de 2021
• crear un nuevo plan de contribución definida para empleados “non-vested” y nuevos a partir de enero de 2022
• la publicación de un requerimiento de propuesta (RFP) para la búsqueda y selección de un proveedor del plan de contribución definida para el 31 de marzo de 2021
Este grupo de medidas dará paso al inicio de un proceso de transformación del modelo de plan de retiro, que al día de hoy acumula una deuda total que supera los $4,700 millones. Con esta reforma del plan quedan protegidas las pensiones y los beneficios acumulados de los empleados “vested” (con 10 años o más). De hecho, un 88% de los participantes del sistema no se verán afectados de modo alguno por el conjunto de medidas.
“La decisión que se tomó con relación al Sistema de Retiro trata de conciliar y hacer un fino balance para lograr no afectar en nada a los pensionados de la Universidad ni a sus empleados “vested” (con 10 años o más) al tiempo que busca traer una solución a largo plazo al problema de la enorme deuda acumulada”, expresó el presidente de la Junta de Gobierno, el ingeniero Emilio Colón.
“La situación del Sistema de Retiro compromete la sostenibilidad del proyecto universitario. Este es un asunto que requiere nuestra atención urgente y responsable. Es nuestro deber proteger a la Universidad del riesgo de tener que acogerse a Título III o de llevar sus pensiones a un sistema de Pay Go, que sería insostenible para la institución. Con esta medida, la Universidad sigue asumiendo el riesgo en un 88% pero gestiona prospectivamente una mejoría a través de los años de su perfil de riesgo al tiempo que protege a los pensionados y los “vested” y procura proveerles un plan de contribución definida atractivo para sus nuevos empleados”, añadió Colón. La situación del Sistema de Retiro es uno de los asuntos medulares del plan fiscal del centro docente puesto que es uno de sus mayores desafíos fiscales.
Con el propósito de promover una dinámica participativa en la búsqueda de soluciones consensuadas para reformar el modelo del plan de retiro, el Comité de Asuntos del Sistema de Retiro creó un equipo de trabajo conjunto con representantes de la Junta de Gobierno, de la Junta de Retiro y la Junta Universitaria y Administración Central que estudió las medidas que pudieran proveer estabilidad al sistema, proteger los beneficios que reciben los pensionados, ofrecer un plan atractivo y transferible para nuevos empleados y al mismo tiempo lograr atender el problema crítico de la deuda para asegurar la sostenibilidad financiera la Universidad.
El equipo de ambas juntas evaluó detenidamente, de la mano de expertos consultores, estudios actuariales, estados financieros, informes de operaciones, reportes de inversiones y un estudio de experiencia, entre otros documentos, así como un número reducido de las opciones acordadas entre la Junta de Retiro y la Junta de Gobierno y que posteriormente fueron evaluadas por el Comité.
La congelación del modelo de beneficios definidos para los participantes “non-vested” y la creación de un plan de contribución definida dejan comoquiera a la Universidad con el compromiso y el riesgo de continuar solventando el plan de pensiones de los participantes “vested” y de los pensionados, por lo que tendrá que hacer una aportación anual de $160 millones, lo que supondrían la condición para poder pagar la deuda no solventada y, por consiguiente, a largo plazo liquidar la deuda total.
Durante los pasados años, la Universidad ha atravesado por recortes significativos en las aportaciones que recibe de gobierno central que han supuesto un impacto total a esta fecha de $333 millones, lo que representa un 40% en reducción. No obstante, la Junta de Gobierno ha proyectado en el plan fiscal la asignación de la aportación anual para poder cubrir la deuda no solventada a largo plazo y asegurarse de que la entidad a corto, mediano y largo plazo puede cumplir con la obligación. Como parte de este cambio la Universidad establecerá un programa de alfabetización financiera para orientar a sus empleados y la comunidad universitaria en general.
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