Las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico recibieron hoy, viernes, al principal oficial financiero de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Luis Umpierre, quien informó que para el año fiscal 2021-2022 la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) recomendó una reducción de 18.1 millones de dólares en el presupuesto de la agencia en comparación con el presupuesto vigente.
El funcionario detalló, durante su comparecencia a la vista conjunta para atender la Resolución de la Cámara 149, que el presupuesto recomendado por la OGP asciende a 66.2 millones de dólares, mientras que el presupuesto aprobado por la Junta de Control Fiscal (JCF) para el año fiscal 2020-2021 totaliza 84.3 millones de dólares.
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Sin embargo, para el siguiente año fiscal el presupuesto recomendado por la OGP, de unos 66.2 millones de dólares, se diferencia del presupuesto recomendado por la JCF por más de 15 millones de dólares en la partida de gastos operacionales.
Umpierre, quien acudió en representación del director ejecutivo Omar Marrero Díaz, declaró que la AAFAF se encuentra en conversaciones con la OGP y la JCF para “remediar estas necesidades, las cuales se componen mayormente en la cantidad de presupuesto asignado para servicios profesionales relacionados al Título 3”.
“Esta partida es necesaria para que la AAFAF y el Gobierno de Puerto Rico puedan ejecutar sus responsabilidades de una manera justa y correcta ante la JCF y los acreedores”, explicó Umpierre en comunicación escrita.
El representante Jesús Santa Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara, cuestionó a la AAFAF sobre los posibles conflictos de intereses en la contratación de servicios profesionales, los cuales, según la agencia, sufrirán la mayor reducción en las partidas presupuestarias.
Los datos ofrecidos por la agencia reflejan que de 72,585,000 dólares autorizados para servicios profesionales para el año fiscal 2020-2021, la partida se reducirá a 52,495,000 dólares para el año fiscal 2021-2022, según el presupuesto recomendado de la OGP. Durante la vista, el licenciado Hecrian Martínez, subdirector de Asuntos Legales de la AAFAF, reconoció que la mayoría de los servicios profesionales contratados por la agencia son utilizados para el litigio y la negociación de la deuda pública.
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“Aunque ustedes no están haciendo una auditoría, ustedes están reestructurando la deuda. Por lo tanto, cuando ustedes llevan a cabo los servicios profesionales, que la mayoría de ellos entiendo que son para procesos de negociación, ¿qué mecanismos utilizan para evitar posibles conflictos de intereses?” Que el que esté negociando de alguna u otra manera no tenga o haya tenido algún interés, futuro o pasado, de esa misma negociación”, preguntó el representante Santa Rodríguez.
Martínez respondió que “todos los contratos por servicios profesionales incluyen una obligación legal que prohíbe a los asesores tener conflictos de intereses, en cumplimiento con la Ley 2 de 2018, conocida como el “Código de Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”. Eso se exige. Todos los contratos lo tienen, todas esas garantías”, subrayó el portavoz de la AAFAF.
El licenciado añadió que, a partir de noviembre del pasado año, se añade una certificación de ética adicional a todos los contratos de la agencia. “Todos los contratos que están en la Oficina del Contralor de servicios profesionales conllevan que es una obligación del contratista cumplir con eso”, expresó Martínez. “Somos bien celosos con los formatos de los contratos”.
“Son servicios bien especializados que no se consiguen aquí. O si se consiguieran aquí, pudiesen estar ‘tainted’(contaminado) desde el punto de vista de los conflictos de interés”, dijo Martínez.
“Al ser una reestructuración de deuda de la magnitud de la que está pasando Puerto Rico, se quiere que el proveedor de esos servicios sea lo más capaz posible y tenga experiencia en transacciones de la envergadura que conlleva esta”, manifestó el funcionario.
Por otro lado, el representante Santa Rodríguez informó que, a pesar de haber sido citada desde el pasado 23 de febrero, no fue hasta ayer, jueves, que la Junta de Planificación (JF) notificó que se ausentaría a la vista pública.
El presidente designado de la JF, Manuel Hidalgo Rivera, envió una comunicación escrita a los presidentes de las Comisiones en la cual solicita 10 días adicionales debido a un conflicto de calendario con citación personal por el gobernador Pedro Pierluisi.
Hidalgo Rivera fue citado formalmente para que comparezca a vista pública el próximo viernes, 19 de marzo, por el representante Santa Rodríguez y el senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado.
