Guillermo San Antonio Acha, representante de Manuel Natal durante el escrutinio general, y Fermín Arraiza, director legal del capítulo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico y observador del proceso de conteo de votos, cuestionaron la seguridad que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) brindaba al material electoral, incluyendo los maletines con papeletas, como parte del primer día del juicio en su fondo de la impugnación que presentó el candidato del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) contra la certificación del alcalde sanjuanero, Miguel Romero.
Arraiza, quien durante el escrutinio general lideró a un grupo de seis observadores de la ACLU, expresó sus dudas respecto a las garantías que brindaban las verjas instaladas para servir como jaulas para albergar los maletines con papeletas escrutadas o por escrutar. Según Arraiza, los procedimientos para autorizar la entrada de funcionarios al espacio, que rodeaba el piso del coliseo Roberto Clemente donde estaban las mesas, igualmente, eran deficientes.
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Entre las prácticas del escrutinio que levantaron bandera, Arraiza mencionó que, al concluir cada jornada, se colocaban en las mesas los maletines que se abrirían al día siguiente.
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“Además de la grieta por encima de la verja pudimos observar otros orificios que daban hacia el salón del piso de escrutinio donde están las mesas En ocasiones cuando iban a terminar los trabajos, lo que hacían era sacar maletines de la jaula y los metían en la mesa de escrutinio y los dejaban en la mesa para ganar tiempo porque estaban retrasados en los trabajos. La explicación que se nos da es que tenían seguridad en el coliseo. Pero evidentemente la seguridad física del piso era deficiente”, dijo Arraiza, lo que levantó una objeción por parte de Félix Passalacqua, abogado de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
“Básicamente había agujeros por los que cabía una persona. Podía entrar tanto al lugar donde estaban las cajas o maletines en el piso encima de las mesas, como también se podía entrar a la bóveda”, prosiguió Arraiza durante el interrogatorio de Tamara Sosa Pascual, una de las abogadas de Natal.
A lo largo del día, mientras corrían los trabajos de escrutinio, Arraiza sostuvo que los candados de la jaula permanecían abiertos, al punto que los propios observadores de la ACLU podían entrar y salir libremente.
“En ocasiones tampoco había un oficial de seguridad a la entrada de la bóveda que estuviese controlando la entrada y salida de personal. Tan es así que algunos de mis observadores entraron y llegaron a grabar dentro de la bóveda, sin que nadie los detuviera”, señaló.
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San Antonio Acha, quien fue contrainterrogado luego del receso de almuerzo, de igual forma expresó preocupación por la seguridad en esa área, al señalar que llegó a ver un periodista grabando un video desde el interior de las jaulas.
En procesos electorales anteriores, la CEE guardaba los maletines en las bóvedas completamente cerradas con las que cuenta en su edificio de Operaciones Electorales. Ese recinto, sin embargo, no se utilizó durante este escrutinio, bajo la premisa de que el coliseo Roberto Clemente ofrecía mayores garantías salubristas en el contexto de la pandemia del Covid-19.
Arraiza también puso en duda las garantías de balance electoral al manejar los maletines dentro de la jaula, al destacar que llegó a ver cómo dos empleadas –presumiblemente de partidos distintos– entraron juntas al área, pero una vez adentro se separaron y cada una atendía maletines distintos sin supervisión mutua.
“No siempre había balance cuando entraban a la bóveda funcionarios de la Comisión”, resumió el observador ante las objeciones de los codemandados.
Arraiza relató que al grupo de observadores le llamó la atención una serie de “cajas abiertas” con material electoral sobrante ubicado en los pasillos del coliseo fuera de las jaulas, incluyendo papeletas en blanco. El juez Anthony Cuevas le preguntó directamente si las papeletas tenían las iniciales de funcionarios electorales, pero el testigo respondió que desde el segundo piso –donde se mantenían hasta ese momento los observadores de la ACLU– era imposible leer su contenido. Según el testimonio de Arraiza, esas cajas permanecieron cerca de dos semanas fuera de la jaula, aunque aceptó desconocer adónde fueron trasladadas.
El experto en derechos humanos intentó declarar que, en ocasiones, los sellos de los maletines que contenían votos adelantados voto adelantado no coincidían con el número de identificación escrito a mano, pero no pudo abundar ante objeciones de Passalacqua que fueron acogidas por el juez Cuevas.
Como parte de su comparecencia, Arraiza también aludió a las papeletas de voto adelantado sin dobleces, al indicar que, si bien en un inicio eran separadas en sobres plásticos a petición de los funcionarios de mesa, luego se dio la orden de pasarlas por las máquinas de escrutinio electrónico.
Arraiza explicó que, de inicio, la CEE solicitó que los observadores de la ACLU no tomaran fotos ni video del proceso de escrutinio, pero que luego de la súbita aparición de 184 maletines, solicitó por escrito autorización y se le concedió la oportunidad de mantener dos observadores en el piso, que podían grabar video siempre y cuando no enfocaran las caras de los funcionarios.
A preguntas de la abogada Sosa Pascual sobre el motivo para su comparecencia, Arraiza señaló que la ACLU tiene el deber de proteger derechos fundamentales como el voto y catalogó el proceso electoral como “altamente irregular”.
En el contrainterrogatorio a San Antonio Acha, Francisco González Magaz, abogado de Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, llevó al observador de Natal a indicar que no había estado presente en el coliseo desde el 24 de octubre, cuando se comenzó a contar el voto por correo, ausente y a domicilio que se había recibido.
San Antonio Acha declaró que comenzó sus funciones de observador “dos o tres días” después de las elecciones generales del 3 de noviembre, pero antes de que comenzara el escrutinio general, que inicialmente se retrasó hasta el 18 de noviembre y posteriormente hasta el 24 de ese mes, en medio de descuadres correspondientes a la noche del evento y pugnas judiciales.
Sin embargo, el cuadre de actas de voto adelantado de la noche del evento no se detuvo luego de las elecciones generales.
Passalacqua, el abogado de la CEE, durante el contrainterrogatorio a San Antonio Acha intentó restar mérito al planteamiento de las papeletas sin dobleces, al señalar que los sobres en que los funcionarios introducían los votos a domicilio no necesariamente eran del mismo tamaño que los que usaban los electores de voto por correo, por lo que cabría la posibilidad de que llegaran lisas a los maletines de escrutinio. Las papeletas de voto a domicilio, voto por correo y voto ausente –contabilizadas en la unidad 77 de cada precinto–, se mezclaron durante el escrutinio.
Aun así, San Antonio Acha insistió, a preguntas de Jorge Martínez Luciano, abogado de Gerardo “Toñito” Cruz, comisionado del Partido Popular Democrático (PPD), que a lo largo del escrutinio aparecieron maletines “fantasmas” –que se traían a mesa luego de que se anunciara que había cerrado el conteo de determinado precinto– y “ciegos” –que carecían de documentación que permitiera establecer su tracto–, así como papeletas en bolsas plásticas.
“Observé que se contabilizaban papeletas que no estaban firmadas por los funcionarios porque así se permitió. La máquina rechaza papeletas que no tienen las iniciales (de los funcionarios) por la parte de atrás de la papeleta y en algún momento vi papeletas que se contabilizaron a pesar de eso. Se firmaban allí en la mesa por los funcionarios”, declaró el ex comisionado electoral del PPD.
El abogado del alcalde Romero, Eliezer Aldarondo Ortiz, solicitó a Cuevas que excluyera los testimonios de San Antonio Acha y Arraiza, por entender que levantaron argumentos “especulativos” y “meras conjeturas”. El juez Cuevas, al igual que hizo en la mañana tras el testimonio de Hugo Cruz Cruz, oficial de estadísticas del PPD, se reservó el fallo ante esas mociones.
Sosa Pascual anticipó que mañana citará como testigo inicial a Lidy López, funcionaria de mesa del MVC. Debido a que Cuevas excluyó –por no haberse sometido dentro del término estipulado– la presentación de actas que alegadamente evidencian el conteo de miles de papeletas de procedencia desconocida, el argumento del equipo de Natal se fundamentará en esta etapa en los testimonios de sus funcionarios.
El argumento de Natal para impugnar la certificación de Romero es que se contaron 6,593 papeletas municipales “ilegales”.
