El gobernador Pedro Pierluisi traspasó el rol de Principal Oficial Financiero (CFO) a manos del secretario del Departamento Hacienda (DH) y trazó las tareas que esta oficina deberá cumplir en medio de la crisis económica del país.
La movida fue formalizada por el mandatario por medio de una orden ejecutiva que emitió ayer y, en esencia, determinó que las funciones del CFO del gobierno serán ejercidas por quien ocupe la silla del secretario del DH. El pasado 21 de febrero, Pierluisi designó a Parés a este cargo.
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Además de ser la persona encargada de centralizar todas las tareas financieras del país, el CFO será responsable de que “los estados financieros auditados se emitan a tiempo”. La última vez que el gobierno de Puerto Rico presentó un estado financiero auditado fue en 2017.
En repetidas ocasiones, la Junta de Control Fiscal (JCF) ha solicitado al gobierno de Puerto Rico a presentar los estados financieros auditados de 2018, 2019 y 2020. En la reunión del pasado 26 de febrero, la Junta anunció la contratación de John Hill —quien participó en los procesos de quiebra en Detroit y Washington, DC— para la creación de una Oficina del Principal Oficial Financiero (OPOF) y que sirva para agilizar la publicación de la radiografía financiera del país.
“Se ordena a toda agencia, instrumentalidad y corporación pública del Gobierno de Puerto Rico a proveer al CFO o cualquier agencia o entidad autorizada por este, la información necesaria para poder entregar los estados financieros auditados, según es requerido. Los requerimientos del CFO se atenderán con prioridad”, reza la orden ejecutiva emitida ayer por el gobernador la cual derogó las órdenes anteriores emitidas en 2013 y 2018 que crearon el cargo del CFO.
La orden también autoriza al CFO a requerirle información financiera y presupuestaria a todas las agencias e instrumentalidades.
Asimismo, el documento ordena al CFO a que adopte medidas correctivas en torno a recomendaciones de los auditores del gobierno, la firma KPMG, en torno a debilidades en el sistema financiero del país como deficiencias en sistemas tecnológicos y la implementación de métodos que registren la asistencia de empleados públicos.
La orden ejecutiva, además, le ordena al CFO a que se asegure que las agencias cumplen con la Ley 106 de 2017 también conocida como la Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos.
