Los representantes Jesús Manuel Ortiz, Estrella Martínez y Héctor Ferrer radicaron la Resolución de la Cámara 311 el pasado 4 de marzo, para ordenar a la Comisión de Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros y a la Comisión de Gobierno realizar una investigación exhaustiva en torno al proceso de aprobación de un aumento en las tarifas anunciado por las entidades comerciales Puerto Rico Terminals, Luis A. Ayala Colón y Tote Maritime, para ver el efecto negativo que dichos aumentos tendrán en el bolsillo de los consumidores puertorriqueños.
“Teniendo en consideración que Luis A. Ayala Colón y Puerto Rico Terminals suscribieron un acuerdo colaborativo ene abril de 2019 para proveer servicios en el Puerto de San Juan, mediante Puerto Nuevo Terminals, que fue aprobado por la Comisión Marítima Federal, y que ha estado bajo investigación por Departamento de Justicia de Puerto Rico por su posible efecto monopolístico, nuestra responsabilidad como legisladores es fiscalizar dichas operaciones. En su momento, tanto el Centro Unido de Detallistas, como el Colegio de Abogados de Puerto Rico y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) han señalado que la falta de competencia, como es natural en la dinámica comercial, tiende a generar aumentos en los precios”, detalló Ortiz.
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Precisamente, el pasado 24 de febrero de 2021, la empresa Tote Maritime confirmó a la prensa que efectivo en este mes de marzo aumentaron la tarifa de seguridad y mantenimiento para toda la mercancía de Estados Unidos que maneja. Uno de los oficiales de la entidad, Eduardo Pagán, vicepresidente de Tote en Puerto Rico, admitió que el aumento será cerca del 30% de la tarifa actual de los $245 que cobra por cada contenedor.
Por su parte, la representante Martínez, quien preside la Comisión de Asuntos del Consumidor, señaló que “el 80% del negocio que maneja Tote es de contenedores, según datos publicados por la empresa y que esa nueva tarifa aplicará a toda la mercancía que manejan, desde autos hasta carga suelta. Naturalmente, esto genera alarma entre los consumidores puertorriqueños, que batallan con una crisis fiscal, sumado a las gestiones de reconstrucción por los pasados huracanes y terremotos, sumado a la pandemia del Covid-19”.
La lista de aumentos parece no detenerse, porque la empresa Luis A. Ayala Colón también anunció un aumento en las tarifas de seguridad y mantenimiento (de $10 a $17 por contenedor) y también en el despacho de furgones fuera de horas laborables (de $300 a $400), así como el costo de sacar un contenedor (de $30 a $45) y hasta para montarlo a un chasis o camión (de $25 a $35).
Mientras, Ferrer señaló que ya el designado secretario designado de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, dijo no endosar el propuesto aumento en tarifas a distribuidores por cargos de montaje y descarga por unidad de carga. “Más allá de no endosar los aumentos, hay que tomar acción. Si la política pública de la administración de Pedro Pierluisi es fomentar la competitividad Puerto Rico, reduciendo los costos de hacer negocios estamos de acuerdo, pero no vamos a quedarnos ahí. Por eso surge esta Resolución de la Cámara 311 que hemos radicado”.
Los tres legisladores mencionaron además que el aumento a nivel de navieras le va a costar al puertorriqueño entre 3% y 5% en los precios de las góndolas de los supermercados, como expresó Eduardo Marxuach, presidente de Supermercados Econo. De hecho, el empresario minorista Juan Reynoso, de China Town Stores, señala que el aumento total es de 66%, que se suman a otros recientes para elevar a 80% el aumento en los costos de transportación para las empresas que hacen negocios en Puerto Rico.
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