Tras la aprobación de una resolución que ordena una investigación sobre el proceso de adquisición, distribución y administración de las vacunas contra el COVID-19 en Puerto Rico, la Comisión de Salud del Senado deberá rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un término de 30 días.
La medida, de la autoría de los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkhol, establece que en días recientes han surgido dudas e informaciones discrepantes sobre el proceso de vacunación, tanto sobre la implantación del orden establecido por el Departamento de Salud para la vacunación, como sobre la escasez o disponibilidad de vacunas; y el desecho de sobre 200 dosis de vacunas debido a que fueron refrigeradas de manera incorrecta.
“Si se trata de una situación de escasez, de lenta administración de vacunas, de negligencia en el almacenamiento de vacunas, de violación del orden de vacunación establecido o de su alteración justificada, es deber del Senado informar al País sobre el desarrollo del proceso de vacunación y atender con urgencia cualquier problema que esa investigación pueda revelar”, estipularon los autores en la pieza legislativa.
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Mientras que para Bernabe es incierto cuantas vacunas se han suministrado. “No tenemos una idea clara de cuántas (vacunas) se han administrado, cuántas se van a administrar, cuál es el ritmo o qué porción de la población ya está vacunada, se trata de esclarecer todo esto, ese es el objetivo de la medida”, indicó.
La Resolución del Senado 49 menciona que, según información disponible en el portal del medio estadounidense, Bloomberg, Puerto Rico ha recibido 311,325 vacunas, de las cuales solo 104,137 se han administrado. Esto representa poco más del 33% de las vacunas disponibles.
“Han surgido igualmente preguntas entre la ciudadanía sobre el cumplimiento del orden de vacunación del Departamento de Salud y la preocupación de que se esté vacunando sectores de la población previo a que se complete la vacunación de grupos señalados como más vulnerables, como sería el caso de las personas mayores de 65 años”, lee la medida.