La fiscalía de Perú recordó el martes métodos de engaño y abuso en un juicio contra el expresidente Alberto Fujimori, en cuyo gobierno se esterilizó a la fuerza a miles de mujeres indígenas y pobres.
El proceso ocurre un mes antes de los comicios del 11 de abril, en los que la hija de Fujimori, Keiko, postula por tercera vez a la presidencia y propone un gobierno de “mano dura” similar al de su padre.
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El fiscal Pablo Espinoza afirmó que entre 1996 y 2000 se organizaron innumerables “festivales de salud” en pueblos alejados que incluían fuegos artificiales y bandas de música para atraer a mujeres y luego, mediante engaños y coerción, esterilizarlas sin consentimiento informado.
“Llevar bandas y fuegos artificiales evidencia la acción del Estado por captar la mayor parte de la población para obtener más pacientes, con lo que se cumpliría la meta trazada”, dijo el fiscal.
Espinoza indicó que la política ordenada por el gobierno de Fujimori también premiaba con tres boletos de viaje a los funcionarios sanitarios que acumulaban el mayor número de esterilizaciones y los amenazaban con despedirlos sino lograban los objetivos.
Las enfermeras, por su parte, acosaban a mujeres pobres, rurales, analfabetas, con más de tres hijos y en algunos casos les sugerían que si no se esterilizaban iban a perder beneficios estatales como atenciones médicas o la entrega de medicinas y alimentos. “Era un conjunto de coacciones que a una persona de bajos recursos la intimida”, dijo el fiscal en un juicio remoto debido a la pandemia.
Las operaciones, que incluían anestesia general, se realizaban en el mejor de los casos en las postas médicas o por lo general en carpas itinerantes instaladas cerca de los festivales de salud.
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Varias mujeres han declarado que, tras ser operadas y con dolores profundos, eran obligadas a irse a sus casas distantes a veces a ocho horas a pie. Algunas se desmayaban en caminos solitarios, que a veces incluían cruzar un río, y “tenían que recobrar el conocimiento por sí solas” sin ayuda de nadie.
La fiscalía acusa a Fujimori por su presunta autoría mediata en las lesiones seguidas de la muerte de cinco mujeres y en lesiones graves de otras 1.301 mujeres esterilizadas contra su voluntad.
Según datos de la fiscalía, se realizaron una 273.684 intervenciones y se produjeron 1.599 complicaciones.
Fujimori, de 82 años, no se ha pronunciado. Tampoco su hija la actual candidata presidencial Keiko Fujimori, quien fue la primera dama durante la presidencia del padre (1990-2000).
El expresidente cumple una condena de 25 años de cárcel por dos matanzas cometidas por militares en su gobierno (1990-2000). Tiene otras tres condenas, dos de ellas por corrupción.
El exmandatario afirma mediante su defensa que no debe ser juzgado por el caso de las esterilizaciones ya que, cuando fue extraditado desde Chile en 2007, no se incluyó esta acusación en el grupo de delitos por los que iba a ser juzgado.
El expresidente enfrenta además otro juicio por el asesinato de seis campesinos durante su gestión por parte de un escuadrón militar de la muerte.
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