Pese al recién anunciado acuerdo con un grupo de bonistas del país, Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), insistió hoy en que el gobierno de Puerto Rico debe implementar reformas estructurales para evitar un déficit presupuestario que podría suscitarse entre 2029 y 2032.
“El Plan Fiscal es bien claro en torno a que el gobierno de Puerto Rico debe implementar reformas estructurales adicionales, atraer más inversión y crecer la economía para poder evitar esa tendencia en el futuro”, dijo Jaresko durante una reunión pública del ente fiscal a solo cuatro día de haber anunciado el pacto con ciertos bonistas para reestructurar una porción de la deuda pública.
“Si las reformas no ocurren el déficit puede suscitarse más rápido de lo usual. Pero no creo que debemos andar por el camino de lo hipotético. Nuestra meta es hacer de la economía lo más fuerte y próspera posible”, añadió.
Tras el anuncio de un nuevo acuerdo con bonistas, el economista de la organización Espacios Abiertos, Daniel Santamaría planteó que, pese al plan de ajuste de la deuda, la isla podría enfrentar otro déficit fiscal en 2029.
Ante este escenario, Jaresko indicó que el gobierno debe implementar medidas para flexibilizar las maneras de hacer negocio en la isla y establecer una reforma sustancial de impuestos y contributiva.
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Agregó, por su parte, que la pasada Legislatura rechazó derogar la Ley 80 —sobre despido injustificado—, algo que, según Jaresko, podría reducir los costos operacionales de muchas empresas y permitiría más contratación.
En 2018, la Legislatura rechazó derogar la ley 80 pese a insistencia del ente fiscal.
Desconocen si recortes a pensiones deben contar con aval de la Legislatura
Por su parte, Jaresko aseguró que desconoce si la Legislatura debe avalar los recortes propuestos a las pensiones de empleados públicos.
Aunque no están incluidas en el acuerdo anunciado, Jaresko mencionó que el recorte a las pensiones solo será dirigido a aquellas que sobrepasan los $1,500 mensuales. La propuesta anterior, según Jaresko, contemplaba un recorte de 8.5% a todas las pensiones que sobrepasaran los $1,200 mensuales.
“No podría decir en estos momentos si un recorte a las pensiones requiere acción legislativa…Tenemos que esperar a ver qué aprueba el Tribunal federal, pero desconozco si debe pasar por la aprobación de la Legislatura”, comentó Jaresko.
Esta semana, la Cámara de Representantes avaló el proyecto de Retiro Digno, una medida que busca proteger las pensiones de los jubilados del gobierno. La JCF se opone a dicha medida y ha solicitado al gobernador Pierluisi a que no la firme.
En cuanto a los recortes en pensiones que estarán incluidos en el plan de ajuste, Jaresko insistió en que el cambio en el umbral de la cifra mensual de las pensiones solo impactará a menos del 30% de los pensionados.
Incluso, señaló que con el cambio, las pensiones de policías y maestros no se verán afectadas por los recortes ya que estos reciben pensiones mensuales menores al umbral de $1,500.
“El cambio, propuesto en octubre al límite mensual en las pensiones, reducirá el número de pensionados que experimentarán una reducción en sus beneficios”, dijo Jaresko a preguntas de la prensa tras finalizar la reunión del ente.
Jaresko indicó que la Junta realizó los cambios en los recortes a pensionados debido a que los policías y maestros no cotizaban al Seguro Social. A finales de 2019, miembros de la Uniformada comenzaron a cotizar al seguro social.
La Junta tiene hasta el 8 de marzo para presentar el Plan de Ajuste de la deuda.
Aprueban contratación para la creación de una Oficina del Principal Oficial Financiero
Por su parte, Jaresko anunció que la Junta estaría contratando a John Hill —quien participó en los procesos de quiebra en Detroit y Washington, DC— para la creación de una Oficina del Principal Oficial Financiero (OPOF).
Hill sugirió que, en lugar de producir los estados financieros auditados anuales (CAFRS) que la isla no ha entregado por los pasados tres años, el gobierno se enfoque en presentar un documento que incluya dichas cifras desde 2018 hasta 2020.
Bajo la estructura de OPOF, el gobierno entonces podrá cumplir con la entrega de dichos estados a partir de los seis meses de cumplirse un año fiscal.