En medio de discusiones en Estados Unidos de aumentar el salario mínimo federal a $15 la hora, la Junta de Control Fiscal (JCF) planteó hoy que aún no han alcanzado una postura como ente ante una posible alza salarial que podría extenderse a la isla.
Si bien el Senado federal ayer rechazó incluir una disposición para aumentar el salario mínimo federal en el paquete de estímulo sobre el COVID-19, Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF, indicó hoy que, al momento, el ente fiscal no ha discutido la propuesta del presidente estadounidense Joe Biden.
“La Junta no lo ha discutido”, dijo Jaresko a preguntas de Metro al concluir una reunión pública del ente fiscal. La funcionaria hizo referencia a posturas anteriores del ente fiscal en torno a aumentos salariales en el campo de la construcción en 2018. En esa ocasión, la Junta se opuso a que el entonces gobernador Ricardo Rosselló incrementara el salario mínimo de empleados del campo de la construcción a $15 la hora.
Sin embargo, Jaresko argumentó que, al haber nuevos integrantes en el ente fiscal, todavía no se ha discutido un posible aumento en el salario mínimo.
Siguen las discusiones por leyes de retiro incentivado
Mientras tanto, Jaresko señaló, durante la sección de preguntas del público, que todavía el gobierno de Puerto Rico no ha presentado una justificación en ahorro que les permita implementar la Ley 80 de 2020 que dio paso a un retiro incentivado a un grupo de empleados del sector público.
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Jaresko atendió unas cuatro preguntas del público sobre el tema y fue enfática en que, al momento, la Ley 80 de 2020 supone gastos adicionales para el gobierno. En respuesta a una ciudadana, Jaresko comentó que la Junta presupuesta el pago de las pensiones tal y como indica la Ley, pero que estas medidas impulsadas por el gobierno redundan en mayores costos.
“Ellos están en el proceso de evaluar si las medidas generan ahorros y así poder alcanzar una neutralidad en costos. Estoy segura que el gobierno está atendiendo este asunto”, mencionó Jaresko.
En noviembre de 2020, el gobierno de la isla determinó no implementar las leyes 80, 81 y 82 hasta tanto justificaran los costos de ambas medidas a la Junta.
La ley 80 de 2020, establece un programa de retiro para que empleados públicos elegibles puedan retirarse antes de la edad establecida, mientras que la Ley 81 procura devolverles a los policías, bomberos, oficiales de custodia y sus familiares una pensión vitalicia a aquellos miembros de estos cuerpos de seguridad que tengan 30 años o más de servicio.
La ley 82 tiene como fin establecer que los participantes del Sistema de Retiro para Maestros, puedan autorizar que se les destine el balance y/o exceso preexistente de la licencia por enfermedad a su Sistema de Retiro para que cotice como tiempo trabajado, luego de haber utilizado la totalidad del balance disponible de la licencia de vacaciones para estos fines.