El Senado aprobó hoy la Resolución del Senado 32 para investigar cuáles serán las alternativas y los planes implantados o proyectados por el Gobierno para cumplir con la Ley 80 – 2020, conocida como “Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos”.
“Esto es una medida que llega por la petición de los servidores públicos. No se trata de legislar para las gradas, es una legislación para hacerle justicia a los servidores públicos. Lo que pretende [ésta] resolución es conocer los planes del Gobierno y si existen las guías para darle paso [a esta Ley]. Que podamos evaluar si hay las herramientas para que [haya] un retiro digno”, expresó el senador Ramón Ruiz Nieves, autor de la medida.
Según se establece en la exposición de motivos de la resolución, que será atendida en la Comisión de Gobierno del Senado, “la Ley 80-2020 garantizaría una pensión de 50% del salario del empleado, así como beneficios marginales, partidas que serían cubiertas directamente por el presupuesto del Gobierno central y los municipios, dentro de sus gastos de nómina mensualmente”.
Sin embargo, se estima que unos 17,000 empleados públicos del Gobierno central, municipios y corporaciones cobijados por la Ley 447 de 1951 y la Ley 1 de 1990 podrían ser elegibles para acogerse al retiro incentivado, pero al momento se desconoce el dato específico de cuántos tendrían la intención de participar de la ventana, cuáles son empleados esenciales, el costo para sustituirlos, de ser necesario, así como los servicios afectados.
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