La comisionada residente Jenniffer González se encuentra impulsando a una de sus asesoras, la abogada Verónica Ferraiuoli, para llenar la vacante como jueza del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico que dejará a final de mes la magistrada Carmen Consuelo Vargas de Cerezo, supo Metro a través de fuentes.
Por los pasados años, Ferraiuoli se ha desempeñado como asesora de la comisionada residente al mismo tiempo que ofrecía servicios al Colegio de Médicos Cirujanos. En pasadas semanas, fue una del grupo de contratistas del organismo que recibió la vacuna contra el Covid-19 antes del momento en que les tocaba según el plan de inoculación, a base de una autorización que, de acuerdo con el presidente del Colegio, Víctor Ramos, había concedido el entonces secretario de Salud, Lorenzo González.
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Ferraiuoli, asimismo, es esposa de Francisco Domenech Fernández, quien ha dirigido las dos campañas a la comisaría residente de González. En abril de 2018, Ferraiuoli presentó denuncias por violencia doméstica contra Domenech Fernández, quien quedó temporeramente fuera del equipo de trabajo de la comisionada.
Posteriormente, Ferraiuoli no compareció a las citaciones del tribunal y la acusación contra Domenech Fernández, un exmiembro del Comité Nacional del Partido Demócrata, fue desestimada. De esa forma, el cabildero y fundador de la firma Politank se reincorporó al equipo de González y dirigió la campaña que la llevó a la reelección en noviembre pasado.
Una fuente de este medio cuestionó cómo Ferraiuoli ha podido trabajar simultáneamente como ayudante de González y ofreciendo servicios legales en su carácter privado, pese a que el Código de Ética de la Cámara de Representantes federal impone fuertes restricciones al tipo de ingresos que legisladores y empleados pueden generar de manera independiente a su trabajo en el Capitolio.
Por ejemplo, del Código de Ética se desprende que, aquellos empleados que cobren a nivel “senior”, no podrán “recibir compensación por afiliarse o estar empleado por una firma, alianza, asociación, corporación o alguna otra entidad que provea servicios profesionales involucrando una relación fiduciaria, con la excepción de la práctica de la medicina”.
Ayer, la comisionada González no estuvo disponible para atender una petición de entrevista de este medio.
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En marzo de 2018, Ramos aceptó que Ferraiuoli mantenía un contrato con el Colegio de Médicos por servicios como abogada litigante y que pudo haber llegado a cobrar cerca de $20,000 en un mes, dependiendo de la carga de trabajo.
“Cuando no hay casos, su facturación es cero”, dijo entonces Ramos, quien también indicó que el Colegio de Médicos mantenía un contrato de $9,500 mensuales con la firma Politank.
Domenech Fernández igualmente ha encabezado las campañas de Ramos para la presidencia del cuerpo colegiado, incluyendo la de 2018, cuando venció al actual secretario designado de Salud, Carlos Mellado.
La jueza Vargas de Cerezo anunció el pasado 16 de febrero que dejaría el estrado efectivo el 28 de este mes. Nominada en 1980 por el presidente Jimmy Carter, Vargas de Cerezo se convirtió en la primera mujer hispana que se desempeñaba como jueza en una corte de distrito federal.
En 1993, la magistrada pasaría a ser la jueza presidenta del Tribunal de Distrito.
La silla que dejará Vargas de Cerezo representa la segunda vacante en la judicatura federal con importantes implicaciones para Puerto Rico que se abre simultáneamente, toda vez que el presidente Joe Biden debe llenar la banca en el Primer Circuito de Apelaciones que quedó vacía con el fallecimiento del juez puertorriqueño Juan Torruella en octubre de 2020.
Entre los nombres que suenan con fuerza para ocupar esa silla se encuentran los de la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, y el actual juez presidente del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Gustavo Gelpí.