El juez federal Gustavo Gelpí impuso hoy una orden de mordaza en el caso criminal contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón —también conocido como Sixto George—.
La medida prohíbe a las partes divulgar o discutir el caso con el público y con la prensa.
“Como una medida preventiva para proteger los derechos de todas las partes y preservar la integridad de todos los procedimientos, se prohíbe a las siguientes personas a divulgar, hablar o discutir con la prensa, incluyendo por medio de cualquier red social, cualquier información que no sea la ingresada sin restricción en el expediente judicial o divulgado en la sala del tribunal”, reza la orden de Gelpí.
“Esta ordeno no debe ser interpretada que tiene el efecto de impedir al gobierno o los esfuerzos de investigación de la defensa. Tampoco impide que la prensa o los medios de comunicación continúen reportando, opinando o informe sobre el caso”, lee el documento. La orden también incluye a funcionarios de las ramas investigativas federales como el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por su siglas en inglés).
George fue arrestado en la mañana del miércoles por supuestamente haber cometido los delitos de tentativa de extorsión, extorsión interestatal y destrucción de evidencia.
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De acuerdo con el juez Gelpí, cualquier parte que violente la orden podrían encarar sanciones económicas.
Según la acusación federal, George habría intentado extorsionar en varias ocasiones a Anthony Maceira y al entonces gobernador Rosselló. El esquema, según la acusación, habría consistido en que George —al enterarse de la existencia del chat de Telegram— intentó obtener dinero y contratos gubernamentales a cambio de ayudar a “arreglar” la imagen de la administración de Rosselló tras la publicación del chat.
El magistrado Bruce McGiverin le impuso una fianza de $15,000.
El próximo 9 de febrero el tribunal celebrará una vista de lectura formal de cargos.
De acuerdo con el magistrado, George se expone a 20 años en prisión por el delito de tentativa de extorsión; dos años en prisión por el delito de extorsión interestatal y 20 años por el delito de destrucción de evidencia.