El secretario designado de Justicia, Domingo Emanuelli, reconoció que la implementación efectiva de la recién promulgada orden ejecutiva para atender la crisis de violencia de género será una “tarea difícil”, pero viable gracias a la “voluntad” que permea en el gabinete ejecutivo para aprovechar las “herramientas” que provee el decreto.
La orden ejecutiva, que decretó un estado de emergencia al menos hasta el 30 de junio de 2022, es “una orden de avanzada, una orden donde se particulariza el problema de la mujer y la perspectiva de género. Me parce que, además de particularizar el problema de la perspectiva de género, y muy en particular el de la mujer, te da herramientas para comenzar a estructurar unos mecanismos y unas estructuras para proteger a la mujer, y no solamente para protegerla, sino para insertarla en el mercado laboral para igualarla como parte de esa nueva revolución para enfrentar el problema de perspectiva de género”, sostuvo Emanuelli a su llegada a la reunión semanal del gabinete del gobernador Pedro Pierluisi.
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El primer ejecutivo colocó en el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), de nueva creación, la responsabilidad de desarrollar mecanismos para alcanzar los objetivos dispuestos en el decreto. En el comité habrá representación de 11 agencias y dependencias gubernamentales, así como de la academia, organizaciones que abogan por los derechos de las mujeres y los medios de comunicación.
Asimismo, un “oficial de cumplimiento” estará encargado de organizar los trabajos del Comité PARE y dar seguimiento a la implementación de las disposiciones de la orden ejecutiva.
“Yo creo que todo en la vida, cuando requiere unos cambios y esfuerzos para enfrentar un problema, es una tarea difícil. Pero cuando hay la voluntad que se ve que hay tanto en el señor gobernador como en las personas que componemos su gabinete, me parece que esa tarea, aunque difícil, no va a ser imposible. Vamos a tratar de que sea lo más llevadera posible”, dijo el secretario designado del Departamento de Justicia, una de las agencias que conformarán el Comité PARE.
Entre las estipulaciones del decreto, se ordena al Departamento de Justicia “evaluar las divisiones especializadas del Departamento de Justicia y explorar alternativas para atender con mayor sensibilidad y efectividad los casos con víctimas particularmente vulnerables. Ello, con el fin de proveer acción inmediata para asegurar el cumplimiento de leyes contra la violencia de género”.
En la orden se indica que en 2019, de 7,021 casos registrados de violencia doméstica, 5,896 ocurrieron contra mujeres.
