La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó sendas querellas contra dos funcionarios por supuestamente promover actividades de índole político mientras ejercían sus funciones en sus respectivas oficinas gubernamentales.
La OEG presentó querellas contra Jesús Muñiz Cruz, ex ayudante ejecutivo de la Oficina del Administrador en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), y contra Ahymet Rivera Rodríguez, ex director Municipal de la Oficina de Manejo de Emergencias en Lajas. A ambos se le imputa la promoción de actividades de índole político durante horarios laborables. Ambos funcionarios se exponen a $20,000 de multas por cada infracción. La entidad gubernamental les concedió 20 días para expresarse en torno a las alegaciones.
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Según la querella contra Muñiz Cruz—presentada por las abogadas de la OEG, Maylén Colón y Nimia Salabarría— el entonces funcionario violentó cuatro disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental, también conocida como la Ley 1 de 2012.
La querella señala que Muñoz Cruz que, durante el 11 al 14 de noviembre de 2019, el querellado invitó a varios empleados de la Corporación a que participaran en una actividad que promovía la precandidatura de Pedro Pierluisi a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP). Muñiz Cruz, de acuerdo con la querella, promovió la actividad mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto a empleados de la Corporación, durante horario laboral y mientras se encontraba ejerciendo las funciones de su puesto.
El documento legal además señala que Muñiz Cruz no solo difundió la actividad, sino que le requirió a sus subordinados a que acudieran a dicha actividad. “Algunos de los empleados comparecieron a la actividad política por sentirse obligados por el querellado y por temor a represalias”, reza el documento.
“Al notificar a los empleados sobre la actividad política y exigirles su comparecencia, mientras se encontraba en funciones de su trabajo y en horario laboral, el querellado fomentó una actividad que promovía los intereses electorales del entonces precandidato a la gobernación del PNP, Pedro Pierluisi”, añade la querella. Ante esto, las abogadas de la OEG alegan que Muñiz Cruz violentó el inciso (k) del artículo 4.2 de la Ley 1-2012, que prohíbe a servidores públicos fomentar intereses electorales de un candidato o partido en horarios laborables.
Muñiz Cruz también habría infringido el inciso (l) de dicho artículo, el cual prohíbe a un empleado público —mientras esté en funciones— emplear su tiempo o contribuya económicamente para realizar o participar de una actividad política. Muñiz Cruz, además, violentó el inciso (m) del artículo 4.2 de la Ley, según las abogadas. Esta disposición prohíbe que a un a un servidor público, mientras está en funciones, exigirle o solicitarle a otros empleados públicos a que participen o contribuyan económicamente en una actividad política.
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Por último, las abogados alegan que Muñiz Cruz transgredió el inciso (s) de dicho artículo ya que este exigió “durante horario laboral, que empleados participaran de una actividad política que promocionaba la candidatura de un precandidato a la gobernación de un partido, puso en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”.
Por su parte, a Rivera Rodríguez, se le imputa que en febrero de 2019 acudió a las oficinas de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias en Lajas (OMME) y le vendió una taquilla que promovía los intereses del alcalde Marcos ’Turín’ Irizarry a una persona que él supervisaba. Posteriormente, Rivera Rodríguez hizo gestiones de cobro por la cantidad de $20 que representaba el costo de la taquilla. El querellado llamó a la subalterna y le requirió el pago de la taquilla en el estacionamiento de la OMME.
Tiempo después, la querella señala que Rivera Rodríguez le pidió a la subalterna que mintiera y que no revelara que le había vendido la taquilla en las instalaciones de la OMME.
“El Querellado, tiempo después de vender la taquilla, entró a la oficina de la subalterna a la cual se la vendió, cerró la puerta, y le indicó que de alguien preguntarle dónde él le había vendido la taquilla, tenía que contestar que había sido fuera de las instalaciones de la OMME”, reza la querella sometida por las abogadas Carolina Fernández, Amanda Cancel y Nimia Salabarría.
De acuerdo con la querella, las acciones de Rivera Rodríguez constituyen 3 violaciones al inciso (b) del artículo 4.2 de la Ley, que prohíbe que un servidor público utilice las facultades y deberes de su cargo, propiedad o fondos públicos para obtener —directa o indirectamente— para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio.
Las abogados argumentaron también que Rivera Rodríguez utilizó sus facultades como director de la OMME, tuvo acceso a sus subalternos y promovió los intereses electorales del alcalde Marcos ’Turín’ Irizarry, vendiendo taquillas para una actividad de este en instalaciones de la OMME, lo que constituyó una violación al inciso (k) del artículo 4.2 de la Ley.
Al igual que Muñiz Cruz, Rivera Rodríguez también violentó los incisos (m) y (s) del artículo 4.2 de la Ley.
