Ante lo que denunciaron como “el potencial nombramiento precipitado de 17 jueces y 35 fiscales, entre otros cargos públicos”, portavoces de la alianza multisectorial Talento PRO pidieron a los senadores que cumplan con un debido proceso de vistas públicas para”aquilatar de manera responsable a los profesionales que formarían parte del sistema de justicia de Puerto Rico o detener los nombramientos en caso de que no haya tiempo suficiente para su evaluación en esta sesión legislativa”.
“Aparentemente, no se ha entendido los mensajes que muchos sectores de la sociedad han enviado a nuestros gobernantes. El pueblo ya ha manifestado y rechazado este estilo de gobernanza que no le hace bien a la democracia y mucho menos a un país que está tratando de levantarse en medio de tantas situaciones críticas que sigue atravesando”, expresaron los portavoces de dicha alianza multisectorial mediante comunicado de prensa.
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Las expresiones se producen luego que esta semana la gobernadora Wanda Vázquez enviara a la Legislatura un total de 100 nombramientos para se considerados en la Sesión Extraordinaria. En la sesión del miércoles, el Senado descargó y rechazó, sin realizar análisis alguno, 27 de los nombramientos sometidos por la gobernadora.
Talento Pro argumentó que los nombramientos a la judicatura, a diferencia de uno a las ramas legislativa y ejecutiva, es por mayor tiempo y una vez nombrado no responde directamente al pueblo pues “el andamiaje de la Rama Judicial hace muy difícil remover a un juez antes de que venza su término, aun cuando cometa imprudencias, injusticias y excesos, con el agravante de que no existen mecanismos para que rindan cuentas al país”.
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El organismo urgió al Alto Cuerpo a evaluar a los nominados con detenimiento. “El proceso de evaluación de los nominados mediante vistas públicas es uno de los pocos mecanismos que tiene la ciudadanía para insertarse y participar. Es también una oportunidad de asegurar que se cuenta con toda la información necesaria para decidir que los candidatos poseen, el conocimiento jurídico y el carácter o temperamento judicial adecuado”, expresó la doctora Yolanda Cordero, catedrática de Administración Pública e integrante de la Alianza.
“A diferencia de Estados Unidos y otros lugares donde la división política es entre conservadores y liberales, en Puerto Rico típicamente es el tema de estatus lo que da lugar a las divisiones. Ese es un tema que no tiene nada que ver con el 99.9% de las controversias judiciales. Sin embargo, se politiza la judicatura para proteger las acciones o intereses particulares de los partidos políticos en otras áreas lo cual genera desconfianza e injusticia. Existe un mandato constitucional que dispone que el Ejecutivo nombra y el Senado confirma, pero eso no impide que se reglamente el proceso de manera más democrática y se guíe por el principio del mérito”, expresaron los líderes de las organizaciones participantes en Talento PRO.
El grupo exhortó a aquilatar la oportunidad que ofrecen los nombramientos a la judicatura para establecer las bases de un nuevo formato para la selección y evaluación de jueces y fiscales. “Se podría administrar un examen judicial y que el proceso de selección tenga en consideración las mejores calificaciones. Podríamos hacer un híbrido para que el Ejecutivo ejerza su discreción, pero luego de llevar a cabo un proceso objetivo. Nos parece meritorio requerir que los jueces no hayan estado involucrados en la política partidista por un período previo de ocho años”, manifestaron en declaración conjunta.
