La falta de confianza de la población puertorriqueña con las distintas agencias gubernamentales es el principal reto que enfrentará la administración del gobernador electo Pedro Pierluisi, apuntó Eliseo Roques Arroyo, socio administrador de la firma legal EDGE.
Durante el conversatorio “Dale un Giro a Puerto Rico: Perspectivas 2021”, que une esfuerzos entre Metro Puerto Rico y el medio radial NotiUno 630, Roques Arroyo previno que el recelo del pueblo no le pertenece a la administración entrante, sino al Gobierno como institución dado a su desempeño en este último cuatrienio.
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“Yo creo que (la confianza) ha sido erosionada por una multiplicidad de factores. Entre ellos, sencillamente los fondos no llegan, las promesas no se cumplen y creo que este cuatrienio va a ser muy puntual”, afirmó.
De esta manera, el ejecutivo entiende que este nuevo año contará con amplias oportunidades para una sana administración de recursos, pero la ejecución será vital para que la confianza no continúe en detrimento.
“Parte de la ejecución de esta administración es cómo inserta a una Legislatura que no es de su partido y que se asemeja casi a un sistema parlamentario, a lo que teníamos en el pasado. […] Particularmente en estos cuatro años cuando van a entrar a Puerto Rico en exceso de $45 mil millones”, explicó.
Sobre el desembolso de esta cuantía de fondos federales, la Junta de Supervisión Fiscal, que controla las finanzas públicas del País, será una pieza clave para lograr que el dinero se utilice de manera adecuada, según Roques Arroyo.
Justo el martes en la tarde, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de nominar a dos nuevos integrantes al organismo fiscal. Entre ellos John Nixon, quien fue jefe de presupuesto de los estados de Michigan y Utah, y Betty Rosa, comisionada interina de Educación y presidenta de la Universidad del estado de Nueva York.
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Además, Trump renominó a Andrew Biggs para otro término de tres años.
Según Roques Arroyo, quedará ver qué rol jugarán estos nuevos nombramientos en la relación que tendrá el ente federal con la administración de Pierluisi para el desembolso de los fondos. Asimismo, apuntó a que el reto será la curva acelerada de aprendizaje que deberán desarrollar los nuevos integrantes de la Junta ante el calendario en el proceso de Título III de PROMESA.
Lo que sí ve positivo el experto en asuntos gubernamentales y federales es el anuncio del gobernador electo en el sentido de que no utilizará un representante ante el organismo.
De igual manera, otra manera que Pierluisi podrá recuperar la confianza de la ciudadanía será al cumplir con las promesas que realizó durante su campaña política, aunque mencionó que solo contará con una sola oportunidad para lograrlo.
“Ya el pueblo llegó a un nivel de tolerancia muy bajo y creo que sería imperdonable, para cualquier administración, que con esa cantidad enorme de dinero, no se haga y ese es el verdadero reto”, dijo.
Posibilidad de culminar con la deuda
El tema de la quiebra y la deuda de Puerto Rico será uno que Pierluisi tendrá que manejar inmediatamente una vez comience su término en La Fortaleza.
Por ejemplo, la jueza federal Laura Taylor Swain, quien atiende el caso de quiebra de Puerto Rico, fijó el 10 de febrero como la fecha límite para que la Junta presente su plan de ajuste.
Para Roques Arroyo, el hecho de que se pueda observar una luz distante al final de túnel en cuanto a la quiebra es un buen indicio, y más cuando Pierluisi contará con $9 mil millones en caja cuando asuma el cargo el 2 de enero del 2021.
“Ese dinero va a acabar pagando parte de las obligaciones del Plan Fiscal ajustado que finalmente se apruebe. Lo que es bueno es que el gobernador electo pueda ser parte de esa negociación con la Junta o su insumo como gobernadora va a ser recibido por esta Junta”, opinó.
