La falta de una política pública sobre asuntos de inmigración en Puerto Rico ha provocado que las madres dominicanas y sus hijos enfrenten necesidades que se multiplican con la emergencia del coronavirus. Esto se refleja en menos oportunidades de empleo, atraso en sus procesos migratorios y familias que no logran acceder a servicios esenciales, como educación para sus hijos.
Y es que los retos del fenómeno migratorio no se resuelven con vacunas, aunque se vivan tiempos de pandemia.
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Carla, a quien identificamos con un seudónimo para proteger su identidad, tiene diecisiete años, cursa el duodécimo grado, es dominicana y en estos días se cuestiona qué será de su vida cuando complete el cuarto año de escuela superior “sin papeles”.
“Me gustaría que mi deseo de ir a la universidad no sea una preocupación constante”, dice la joven en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Carla dice que es parte de “una sombra”. Así define a la comunidad dominicana en Puerto Rico. Como muchos de los estudiantes de las escuelas de la Isla, no ha recibido la computadora que prometió el Departamento de Educación (DE). En lo que respecta a sus citas en la Corte de Inmigración, desde principios de año se han pospuesto una y otra vez, lo que le genera angustia y estrés en el contexto de una transición a la vida universitaria que está a la vuelta de la esquina.
Desde la sala de su casa, una de tantas residencias de alquiler que sobreviven entre el abandono del casco urbano de Río Piedras, se observa la diversidad. Río Piedras es una comunidad donde se mezclan dominicanos, haitianos y hasta palestinos, la mayoría en una situación de pobreza que se percibe en una caminata desde la Avenida José Gándara hasta hasta la 65 de Infantería.
La Encuesta sobre la Comunidad que hace el Buró del Censo, indica que para el 2018 la población en Puerto Rico de personas nacidas fuera del territorio nacional o estadounidense era de 85,348. De ese número, se reportó que 42,728 no contaban con ciudadanía americana. Sin embargo, no hay datos oficiales que ayuden a definir la población dominicana, a pesar de que organizaciones comunitarias como el Centro de la Mujer Dominicana hablan de que hay hasta 200 mil en la isla.
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Carla se piensa invisible. No se siente reconocida por el gobierno dominicano ni por el de Puerto Rico. “La vida para nosotros es dura, muy dura”, asegura. Lo dice porque durante la pandemia se ha vuelto necesario reflexionar a diario sobre la incertidumbre, entre las responsabilidades académicas y los retos del hogar. Toca “manejar las presiones emocionales con cuidado”, dice.
Junto a la joven, que aspira a formarse como tecnóloga médica, están en el mueble de la casa sus dos hermanos. Ella es la única de los tres que no tiene ciudadanía. Recuerda cómo llegó a Puerto Rico hace tres años y medio, luego de que su madre — a quien llamaremos Carmen para proteger su identidad — supo que la pequeña niña de un año que había dejado bajo la tutela de la abuela en San Pedro de Macorís, en la República Dominicana, ahora tenía 13 años y había recibido una visa de estudiante para viajar a un congreso educativo en Nueva York.
“Mi pasado es lo que me hace la persona que soy hoy”, advierte Carla. “Yo nunca había estado con mi familia. Los conocí por fotos. No tenía recuerdo físico de mi mamá. Al principio, tuve que acostumbrarme a convivir con mi propia familia. Mami era una desconocida para mí”, relata Carla.
Carmen escucha a su hija y la observa desde el comedor de la residencia. Repasa con cautela las memorias de aquel día que lo arriesgó todo en alta mar; un viaje de dos días en una vieja embarcación de madera. Se concentra en el capítulo más importante de la travesía: el reencuentro con su hija poco más de una década después.
“Yo la vi por cámara [cuando informó que haría un viaje de estudio a Nueva York] y no pude desaprovechar la oportunidad de que llegara a Puerto Rico. Pedimos un permiso adicional para que hiciera el viaje desde Nueva York a Puerto Rico y cuando la vimos fue una cosa tan y tan fuerte que no pude permitir que regresara a mi país [República Dominicana] otra vez sin su mamá”, asegura la progenitora, quien lleva más de 15 años en Borinquen y quien, al igual que su hija mayor, lucha por obtener la ciudadanía estadounidense.
“Fui al Consulado [dominicano] y expliqué la situación de mi hija. Hablé con el cónsul para saber cómo podían darme ayuda y me informó que lo que tenía que hacer era enviar a mi hija a la República Dominicana. Legalmente, me dijo, que no podía hacer nada. No me dio más ninguna opción. Me asesoró una abogada y me dijeron que si me casaba con mi pareja, el estatus de mi hija podía cambiar, pero ella ya está en grado doce. Estamos esperando a ver qué pasa. Yo sé que mi hija tenía que regresar a mi país, ¿pero cómo? Después de tantos años yo no iba a enviarla lejos de mí”.
La Carta de Derechos del Estudiante dice que todo alumno residente en Puerto Rico, independientemente su estatus migratorio, tendrá derecho a una educación pública gratuita y segura. La ley dispone que no se puede negar el acceso a la educación a ninguna persona, aún cuando no se pueda establecer que su estatus migratorio es regular. A nivel universitario, sin embargo, es requisito un seguro social para, por ejemplo, solicitar la asistencia económica que permitiría costear los estudios.
Según Carmen, durante este tiempo de pandemia, tanto ella como su hija son más vulnerables que nunca. Eso también afecta a sus otros dos hijos, por supuesto. Esta casa, como muchos hogares en la pandemia, se transforma en escuela. Y desde marzo Carmen no ha generado ingresos como empleada doméstica. Pensar en un contagio de COVID-19, por ejemplo, es una preocupación adicional. A pesar de tanto esfuerzo y de tanta lucha, la madre y la adolescente de diecisiete años no tienen derecho a un seguro médico.
Doña Carmen se toma el tiempo de recordar el último trago amargo en un hospital de Puerto Rico.
“Mi hija, cuando llegó de Nueva York, estaba enferma. Tenía un tumor en un seno. Dios fue tan grande y tan justo que me la trajo en ese momento exacto a mi vida. Yo sin plan médico. Había que hacerle una operación urgente y el presupuesto no alcanzaba. Pensé que se me iba a morir. Tantos años sin verla y pensé que se me moría aquí”.
La Ley de Tratamiento Médico y de Emergencia (EMTALA, por sus siglas en inglés) establece que los hospitales deben atender todas las emergencias sin identificar estatus migratorio. Cuando un paciente no cuenta con plan médico o no puede pagar por los servicios, suelen ser referidos a hospitales del Estado. En esa ocasión apareció ayuda para Carla desde la comunidad.
Solo respuestas comunitarias
El apoyo que recibe esta familia es producto de la autogestión de la sociedad civil. Cuando repasan los retos superados, hablan del Proyecto Aurora, un esfuerzo del personal docente y estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que coordina la profesora de la Facultad de Educación, Gladys Capella Noya, para ayudar a niños y niñas de escasos recursos y a sus familias en la comunidad. También, mencionan las aportaciones del Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras (CAUCE), un esfuerzo del recinto de la UPR para la revitalización del centro urbano y comunidades de la zona.
“CAUCE siempre está pendiente de la comunidad. Siempre vienen y aportan con apoyo a los muchachos y a las familias. Ayudan con las tareas y muchas cosas importantes. A nosotros todavía no nos han dado nada del Departamento de Educación. Nosotros tenemos internet porque el Proyecto Aurora nos dio la mano con ese servicio, hasta nos donaron una computadora. Y tengo que decir que en el proceso médico de mi hija, la profesora Gladys Capella Noya fue una persona bien importante también, porque nos ayudó en el proceso lo que jamás hubiéramos imaginado”.
A pesar de una petición de información hecha hace un mes, el DE no proveyó al CPI información relacionada a estudiantes dominicanos en el sistema público de enseñanza. Tampoco ofreció datos que arrojen luz sobre los retos de estudiantes inmigrantes con o sin papeles dentro del sistema público, ni de esfuerzos de la agencia, si alguno, para atender estos casos.
El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) tampoco tiene datos concretos sobre este tipo de perfil. A pesar de que su misión es promover y ejecutar estrategias, programas y propuestas dirigidas a la comunidad dominicana residente en Puerto Rico, su director, Adalberto Bejarán, informó al CPI que como institución no tienen la capacidad de atender situaciones de esta naturaleza. Bejarán manifestó que su trabajo, en cuanto a estas problemáticas, consiste en referir “casos que tienen el mérito” al consulado dominicano o a organizaciones del tercer sector. No definió los elementos para lograr ese mérito.
Solo habló de un estudio del perfil de los dominicanos en Puerto Rico que no se ha completado “por razones económicas”.
La familia de Carmen, casada con un puertorriqueño, lidia con sus necesidades, en parte, con las ayudas que ofrecen organizaciones comunitarias y desde la propia comunidad dominicana. No hay de otra.
“La comunidad dominicana estamos muy unidos. Hemos tenido que valernos por nosotros mismos. Particularmente en Río Piedras, donde somos muchos, y muchos ilegales. El mayor problema ahora en la pandemia es que no hay trabajo para los dominicanos. No hay nada. Estamos desde la sombra”, sentenció.
El miedo en casa y los niños
En los alrededores del Residencial El Prado, también en la ciudad capital, doña Luz le ordena a Luisito, un amante del béisbol que apenas tiene nueve años, que entre a la casa y se mantenga en silencio. Luz, quien también lleva un seudónimo para proteger su identidad, llegó hace veinte años a Puerto Rico y todavía no tiene la ciudadanía, “a pesar de los muchos esfuerzos y las múltiples orientaciones”.
Es sobreviviente de violencia doméstica. Explica cómo se divide para trabajar haciendo trenzas en su balcón y asistir a dos niños de educación especial.
Un estudio realizado en conjunto entre el Centro de la Mujer Dominicana y la Universidad de Puerto Rico en 2015, encontró que de 900 mujeres inmigrantes consultadas, el 97% reportó haber experimentado violencia emocional y psicológica. Mientras, el 81% dijo haber sufrido violencia física y el 72% violencia sexual. Luz recordó la primera vez que denunció a su agresor, su primera pareja en Puerto Rico. “Cuando llegó la policía, él solo dijo que yo era ilegal, y como no pude presentar papeles, pasé de ser la víctima a que me llevaran a mí [ante las autoridades]”.
En esta casa, los menores estudian en escuelas públicas. Son nacidos en Puerto Rico. Contrario a Carla, la estudiante de duodécimo grado, crecieron escuchando que a su mamá la podrían deportar en cualquier momento hacia la República Dominicana. Por eso, explica Luz, los chamaquitos no le pierden ni pie ni pisá. Y más ahora durante la pandemia.
“Si yo salgo de esta casa, mi teléfono no deja de sonar. Eso es: ‘pero mami para dónde tú vas, pero mami cuándo tú llegas, pero mami no te puedes tardar mucho’. Todo el tiempo. Y durante la pandemia qué te digo, ha sido una cosa difícil, difícil”.
Interrumpe Luisito. “Es que yo sé lo que pasa en esta casa”, dice. Luz lo manda a callar. “Es que yo sé, yo sé lo que tú pasas”, insiste el nene de nueve años. Su rutina: ver a mamá intentando llenar la nevera, sin trabajo y sin libertad plena. No nos quita los ojos de encima. Siente miedo en su propio hogar ante la visita de un extraño.
“Yo he tenido que tomar terapia psicológica”, confiesa Luz. “Mi última cita en el tribunal fue en marzo del año pasado y me siguen corriendo las citas. Me cancelaron la cita para cuando los terremotos, después llegó la pandemia y me han cancelado la cita dos veces. Y mis niños no entienden esa otra parte”. Luisito insiste. “Yo sí sé”. Cuando Luz habla del tribunal, se refiere a la Corte de Inmigración.
Dice que cada vez que hay una vista en la corte, tiene que preparar emocionalmente a sus hijos “dos o tres semanas antes”.
“Eso es: ‘mami te van a deportar; mami, pero ¿todo va a salir bien?”. La mayor, cuando yo estoy en esas vistas, se me deprime y no quiere coger clases”, continúa Luz, ahora hablando sobre lo que es la norma en esta casa, incluso desde antes de la pandemia.
Aquí tampoco han llegado las computadoras que prometió el DE. No hay servicio de internet en la residencia. Un teléfono celular sigue siendo la herramienta principal para completar las tareas. Pero según se han reducido las oportunidades de empleo, el servicio de telefonía ya se convirtió en una nueva carga.
“Tengo una deuda como de $700 con el teléfono. Eso ha sido una lucha. Ahora está más estable, porque hace un tiempo me cortaban el servicio y tenía que ponerme a negociar con la compañía para que me dieran planes de pago y oportunidad de abonar cada quince días. Los nenes pues no se podían conectar, porque ese es el internet que usamos”, dijo la madre. Aseguró que ha hecho hasta lo imposible para que sus hijos puedan cumplir con las tareas escolares.
En el estudio realizado por Elithet Silva Martínez, Romelinda Grullón Miguel, Noelia Delgado Rodríguez y Delia Figueroa Ocasio se identificó que cerca del 75% de las mujeres inmigrantes en Puerto Rico víctimas de violencia doméstica y agresión sexual sobreviven con $12,000 anuales o menos. En la isla, solo un 10% de las familias encuestadas por el Buró del Censo en la Encuesta de Comunidad de 2018 informó ingresos anuales entre $10,000 y $14,999. El 58% de las 731,354 familias encuestadas por el Buró del Censo eran lideradas por una mujer.
“Tenemos una computadora prestada, pero sin internet. La escuela se ha convertido en una carga adicional. Yo tengo dos nenes, el de nueve y el de cuatro años, que son de educación especial los dos. El Departamento de Educación a estas alturas no se ha comunicado conmigo para saber del proceso del nene de nueve años. No ha habido llamada de nada para ninguna asistencia ni nada. Y me anoté para eso. Hay veces que ese nene no puede entrar a clases”.
Para Luz la vida es un día a día, “picando para comer”.
“Aunque rinda mi planilla, yo no soy nadie. No cualifico para nada. Yo puedo pagar contribuciones, pero no tengo derecho ni a la tarjeta de la Familia. Es muy injusto, porque llevo 20 años trabajando y trabajando en Puerto Rico, pagando lo que tengo que pagar y no tengo derecho ni a servicios básicos, como el seguro médico. Yo ni pude solicitar desempleo durante la pandemia. Ellos saben que trabajo, porque tienen esa información. Yo la reporto. Me enfermo y tengo que hacer de tripas corazones para ir al médico. No hay comida en casa y tengo que hacer de tripas corazones para conseguir esos paquetes de alimentos. Mis niños sí son ciudadanos, pero yo tengo que pagarlo todo”, sentencia. “Si a mí se me pega el COVID-19 ese, me muero, porque es que yo no tengo con qué pagar médicos ahora mismo. En Puerto Rico hay que hacer algo con los dominicanos que trabajan y que pagan contribuciones. Yo no he visto ni un político diciendo cómo va a ayudar a la comunidad dominicana y los niños de nosotros”.
La presidenta del capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), la licenciada María del Rosario García Miranda, afirmó en entrevista con el CPI que el escenario legal para las familias lideradas por madres indocumentadas es cada vez más delicado. La inexistencia de política pública del Gobierno de Puerto Rico para atender sus retos y visibilizar sus necesidades en el contexto de la pandemia, limita cualquier gestión de garantizar derechos o reclamar ayudas para los inmigrantes.
“Previo al huracán María teníamos una población que, a pesar de su estatus migratorio, tenía la oportunidad de salir y buscar trabajos. Incluso, después de los huracanes, el escenario, con la complejidad que implica ser indocumentado, les permitía trabajar. Ahora con la pandemia el trabajo ha sido un problema. A eso le añadimos que por estar de manera irregular en Puerto Rico no pueden acceder a herramientas como el PUA [Asistencia de Desempleo por la Pandemia]. Y es importante tener presente que muchas de estas personas, a pesar de que están de manera irregular en Puerto Rico, cuentan con un número de contribuyente provisional y presentan planillas ante Hacienda. Pero ese número de contribuyente provisional no se lo aceptan para el PUA [la Asistencia de Desempleo por la Pandemia, en inglés]”, detalló la licenciada.
El Gobierno de Puerto Rico está en plena transición. El gobernador electo, Pedro Pierluisi, contempla un regreso a clases presenciales “lo antes posible”, mientras el secretario de Salud, Lorenzo González, vislumbra que eso será posible a partir de febrero o marzo del 2021. Los contagios de COVID-19 continúan en aumento. Desde que comenzó la pandemia hasta el 30 de noviembre, el Departamento de Salud reportó 7,118 casos positivos confirmados por prueba molecular entre menores de 19 años. Igualmente, en ese periodo la agencia reportó 214 casos probables en esta población y 4,496 casos sospechosos.
Para Luz, el panorama descrito por el secretario de Salud es alarmante.
“Soy estilista. Trabajaba en un beauty. Ahora estoy en mi casa. Entra un cliente y estoy aquí, en mi casa. Es mucho más difícil conseguir esos ingresos. Teníamos dos perritos y los regalamos porque no hay dinero para la comida. Es como pasar por María de nuevo, pero peor”.
Luz tiene razón. El huracán de la pobreza azota todos los días, a cualquier hora y por debajo del radar.
No hay alternativas sin política pública
Los inmigrantes indocumentados fueron excluidos de la Ley federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES Act). Esta medida, promulgada el 27 de marzo, tiene como objetivo brindar asistencia financiera de emergencia en el contexto de la pandemia. Los inmigrantes que pagan impuestos utilizando un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN, en inglés) fueron excluidos, al igual que sus familiares con ciudadanía estadounidenses que presentaban sus declaraciones de impuestos conjuntamente. De acuerdo con el Centro de Estudios Migratorios en Nueva York, eso dejó a aproximadamente 15.4 millones de personas sin apoyo económico a nivel de todos los Estados Unidos. No obstante, varias jurisdicciones con poblaciones nacidas en el extranjero adoptaron medidas para llenar ese vacío.
Contrario a Puerto Rico, en California, Maryland, Oregon, Arizona, Connecticut, Illinois, Washington D.C. y Texas los estados extendieron medidas de ayuda económica para inmigrantes indocumentados durante la pandemia.
En el caso de los estudiantes del sistema público, la gobernadora, Wanda Vázquez, y el secretario de Educación, Eligio Hernández, anunciaron la disponibilidad de una asignación de $90 millones de fondos federales para el subsidio del pago de internet a todos los alumnos y maestros. Se indicó que la ayuda gubernamental cubrirá el pago de internet hasta el 31 de mayo de 2021 y que cada solicitante escogerá el servicio de su preferencia, siempre que esté inscrito en este programa. Según recalcó el portavoz de la agencia, Alexis Ramos Mereced, el único requisito para el subsidio es que el estudiante esté matriculado y cuente con número de SIE (Sistema de Información Estudiantil).
Entretanto, la licenciada García Miranda reconoció que la pandemia ha afectado las posibilidades laborales de gran parte de la población indocumentada, particularmente para las madres. Detalló que, a pesar de que desde antes de la pandemia el no tener papeles representaba un obstáculo mayor para muchas madres dominicanas, al menos existía la posibilidad de ganar dinero laborando en servicios domésticos, uno de los empleos más comunes entre esta población. Un ejemplo es doña Carmen, la madre de Carla, la estudiante indocumentada de diecisiete años que quiere ser tecnóloga médica.
“El gobernador Alejandro García Padilla creó la Ley Núm. 97 del 2013 para que las personas con presencia irregular puedan sacar su licencia de conducir. Pero más allá de eso, no hay una política pública del ELA para atender este tema. En el caso de las ayudas económicas durante la pandemia, al tratarse de fondos federales, hay que regirse a las guías y los parámetros federales, que de manera cristalina establecen que hay que ser residente permanente o ciudadano americano para ser acreedor de cualesquiera de los beneficios”.
Ni cifras ni ciudadanos
De acuerdo con el profesor Jorge Duany, autor del libro ‘Los dominicanos en Puerto Rico: migración en la periferia’, en la isla no existe una buena base de información sobre la migración ni sobre los inmigrantes en general. En el caso específico de las madres dominicanas, Duany sostiene que contar con información confiable que pueda dirigir política pública es una necesidad para comprender la magnitud de las problemáticas y trabajar en respuestas efectivas.
Para el académico, hay dos fuentes básicas para medir estos temas: el censo que se lleva a cabo cada diez años “y que deja cierto vacío de información”, pues “son estimados, cálculos que se hacen a base de ciertas premisas estadísticas a nivel federal, no por las autoridades de Puerto Rico”; y el Departamento de Seguridad Interna (DHS), “que nos daba anualmente cifras que todavía son útiles”, de cuántas personas han sido admitidas, de qué países, dónde se han establecido y cuántos han sido deportados.
No obstante, Duany entiende que son más las preguntas sin contestar que las respuestas.
“Aquí está el lío de la competencia legal de una agencia federal versus una agencia estatal. Eso ha sido un tema recurrente desde que comenzó esta gran migración dominicana hacia Puerto Rico a partir de la década de 1960. Ha habido momentos en los que el Estado Libre Asociado ha tomado la iniciativa [para atender a la población dominicana]. Pero el tema sigue sobre el tapete, no se ha resuelto porque no se ha atendido de la manera correcta y con la profundidad necesaria. Hay una escasez de información confiable sobre las comunidades dominicanas y de otros países también, como el caso de los chinos, por ejemplo”, añadió el actual director del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida (FIU, en inglés).
Entretanto, en el Centro de la Mujer Dominicana han tenido que reinventarse en estos tiempos de pandemia para que las pocas ayudas que hay lleguen a las personas que las necesitan. Su directora, Romelinda Grullón, explicó al CPI que han tenido que diversificar los mecanismos para dar con la gente que necesita, y con quienes pueden ayudar.
“Hemos tenido que tocar muchas puertas, llegar a otras organizaciones y a personas en general para que nos ayuden con fondos e iniciativas, como el Banco de Alimentos”, que ayuda a mitigar el hambre.
Al igual que Duany, Grullón considera que la falta de estadísticas es un gran obstáculo. Señala que los esfuerzos comunitarios necesitan estos datos para responder de manera efectiva a las problemáticas que se le escapan al Estado, incluyendo las condiciones familiares de muchos estudiantes. Añade que la invisibilización de la comunidad inmigrante, más allá de la dominicana, está más marcada que nunca durante la pandemia.
“Somos muchos y muchas, pero no sabemos cuántos somos. Sabemos que hay una gran población que todavía está bien irregular, que no ha podido regularizar su situación migratoria y eso hace mucho más difícil el conteo. Por eso hemos redoblado esfuerzos, porque sabemos que las cifras que dicen no son reales. El grueso de las personas que están indocumentadas, ese número, no se sabe”, puntualiza.
Entre los servicios que el Centro de la Mujer Dominicana ha ofrecido con más regularidad durante la pandemia, Grullón destacó la asesoría legal, trabajo social, terapias psicológicas, seguimiento a mujeres víctimas de violencia doméstica y entrega de alimentos.
Desde que inició la pandemia, aseguró, la organización ha impactado a miles de personas.
“Es importante que los políticos se acerquen a los esfuerzos de las organizaciones y se eduquen desde las comunidades, porque no están al tanto de muchas situaciones. Hay que dirigir fondos que no sean exclusivamente federales para apoyar a esta población, especialmente a las mujeres, que no tienen acceso a ese apoyo federal”, manifestó.
Los datos sobre la población migrante dominicana en Puerto Rico, recogidos en el Perfil Migratorio de la República Dominicana (2017) y publicado por el Instituto Nacional de Migración del gobierno quisqueyano, muestran que sobre el 55% de la población migrante en la isla son mujeres. Asimismo, los datos reflejan un porcentaje mayor de hogares dominicanos en situación de pobreza en Puerto Rico (48.6%) que el registrado para los hogares dominicanos en Estados Unidos (28%).
Los números son insuficientes para entender cómo se experimenta este problema.
“Cuando uno es niño solamente dice ‘dame’ en la mente. Uno no sabe lo duro que es luchar por algo que uno quiere, como trabajar o estudiar en la universidad”, dijo Carla, la joven que quiere ser tecnóloga médica.
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