Inspectora General comienza auditoría de las elecciones en medio de fuertes diferencias entre los partidos

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, defendió su facultad para referir a la Oficina de la Inspectora General (OIG) la función de realizar una auditoría sobre el envío, recibo y conteo de votos adelantados sin el aval de los comisionados electorales, lo que le ha generado críticas de los representantes de varios partidos de minoría.

Rosado Colomer indicó que, según el Código Electoral, la presidencia solo debe consultar la compra de bienes y servicios con los comisionados cuando el valor de la transacción excede los $150,000. Asimismo, rechazó que una auditoría del proceso electoral sea un asunto de “naturaleza electoral” que requiera discusión del pleno de la CEE.

“No sé cuál es la base que ellos tienen. Alguien me dijo que podría ser que tienen una argumentación de que es algo electoral. Esto es una auditoría de material. ¿Que incide en los electoral? Quizás. Pero ahora mismo es un cuadre de papeletas, que esa auditoría la solicitó el primer partido (el Partido Nuevo Progresista, PNP) y fue aprobada de forma unánime”, planteó Rosado Colomer, al mencionar que la OIG puede llevar a cabo el trabajo sin costo para la CEE.

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Al preguntársele si la CEE divulgaría los resultados de la auditoría, Rosado Colomer respondió que esta sería referida a los comisionados electorales, quienes a su ve tendrían discreción para hacerlos públicos.

Poco antes de la conferencia de prensa de Rosado Colomer, el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, expresó a los medios que discrepaban de la selección de la OIG para liderar la auditoría al tratarse de una agencia del ejecutivo, al presente en manos del PNP.

Valentín y el asesor legal Manuel Rodríguez Banchs precisaron que la auditoría debió quedar en manos de algún ente no gubernamental, entre los que mencionaron alternativas como el Colegio de Abogados y Abogadas, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados o la Unión Americana de Libertades Civiles.

“Entendemos que los comisionados debemos decidir eso en consenso y seleccionar entes externos que no sean parte de la rama ejecutiva. Lo que sí es cierto es que esa movida e interés de solicitar esa auditoría reconoce que hay serias irregularidades en todas las etapas del proceso electoral”, sostuvo Valentín, cuyo partido además radicó hoy un recurso de mandamus ante el Tribunal de San Juan para ordenar a la CEE a entregarle el listado de solicitudes de voto adelantado y ausente.

Tanto Rosado Colomer como Héctor Joaquín Sánchez, comisionado del PNP, rechazaron tajantemente que la solicitud de auditoría represente una admisión de posibles ilegalidades en la administración del voto adelantado o en cualquier otra etapa del evento electoral.

“Nosotros para darle paz y confianza al pueblo de Puerto Rico, ya que hay personas que lo que hacen es crearles confusión y caos, habíamos solicitado el pasado 20 de octubre que se hiciera una auditoría”, dijo Sánchez.

Esa moción no prosperó en aquel entonces, pero una segunda propuesta en comisión, para ordenar una auditoría del voto adelantado, fue aprobada unánimemente hace “dos o tres días”, dijo la comisionada alterna del PNP, Vanessa Santo Domingo.

Los funcionarios novoprogresistas aseguraron que en su moción no contenía la petición para que fuera la OIG quien llevara a cabo la investigación, sino que eso fue una decisión administrativa del presidente. Santo Domingo sí señaló que, desde hace aproximadamente dos semanas, la CEE alcanzó unos acuerdos con la OIG y agencias federales para fiscalizar el proceso electoral, y que ningún comisionado presentó objeciones a esos efectos.

En horas de la tarde, el presidente y los comisionados sostendrían una reunión en la que Rosado Colomer, presumiblemente, notificaría formalmente a los representantes de los partidos sobre la auditoría solicitada a la OIG.

Sin embargo, el propio presidente expresó que ya el proceso había arrancado.

“Ya la OIG aceptó la encomienda y se están ubicando en (el edificio de) Operaciones Electorales”, precisó.

En declaraciones escritas, la inspectora general, Ivelisse Torres, confirmó que la oficina estaría procediendo con la auditoría.

“Conforme a los poderes y facultades conferidos en la Ley 15-2017, según enmendada, la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, estará realizando un examen relacionado a procesos administrativos y manejo de papeletas, en la Comisión Estatal de Elecciones. Por confidencialidad establecida en la propia Ley orgánica de la OIG, no es posible abundar en mas detalles hasta que culmine el examen. La OIG confía la colaboración de todos los funcionarios de la CEE, para culminar el proceso prontamente, de forma tal que podamos disipar o aclarar cualquier situación que pueda trastocar la confianza del proceso electoral en Puerto Rico”, sostuvo Torres.

El 7 de noviembre, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Nicolás Gautier, había exigido a Rosado Colomer una investigación ante aparentes discrepancias en la cantidad de papeletas adjudicadas en el conteo correspondiente a la “noche del evento”.

Hoy Gautier no ha estado disponible para responder preguntas de la prensa.