Luego de tres años en que se peleó el caso en contrade los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) acusados de restricción de libertad e intimidación, y que finalmente se cayó porque su principal testigo no quiso testificar, el fiscal Ángel García, junto a su homóloga María Hernández Medina, con respaldo del Procurador General de Puerto Rico, radicaron ayer un recurso de certiorari al Tribunal de Primera Instancia.
“Lo recibí anoche bien tarde”, confirmó el licenciado Juan Ramon Acevedo.
“Es una perdida de tiempo y dinero, y un abuso. Hay casos mucho más importantes que este para que esté el departamento de justicia perdiendo el tiempo con esto, con estar persiguiendo estudiantes universitarios que lo único que han hecho es defender la universidad”, apuntó.
La información la reveló en Twitter uno de los estudiantes acusados, Francisco Santiago Cintrón
“Bueno gente, el fiscal García, junto a la fiscal María Hernandez Medina, decidieron someter un recursos de certiorari al Apelativo. El mismo pretende revertir la decisión tomada por el TPI de desestimar los cargos en nuestra contra (las y los cinco compas) ante violaciones crasas del debido proceso de ley. En medio de la debacle electoral en que vivimos, donde hay gente que ha votado a nombre de los muertos, el Departamento de Justicia prefiere encausar recursos contra quienes protestan”, dijo en la publicación.
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Bueno gente, el fiscal García, junto a la fiscal María Hernandez Medina, decidieron someter un recursos de certiorari al Apelativo. El mismo pretende revertir la decisión tomada por el TPI de desestimar los cargos en nuestra contra (las y los cinco compas) ante violaciones (1).
— Francisco Santiago Cintrón (@Santiago13PR) November 10, 2020
crasas del debido proceso de ley. En medio de la debacle electoral en que vivimos, donde hay gente que ha votado a nombre de los muertos, el Departamento de Justicia prefiere encausar recursos contra quienes protestan.(2)
— Francisco Santiago Cintrón (@Santiago13PR) November 10, 2020
El 31 de agosto del año en curso, el Tribunal de Primera Instancia determinó la desestimación en los casos contra Gabriel Díaz Rivera, Verónica Del C. Figueroa Huertas, Randiel J. Negrón Torres, Francisco A. Santiago Cintrón y Thaliangelly Torres González.
Según la sentencia de la jueza Eloína Torres, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, la desestimación estuvo predicada en un fundamento en que no se estaba cumpliendo con el debido proceso de ley en su modalidad procesal debido a la indisponibilidad de un testigo, ya que este se encuentra fuera de Puerto Rico y manifestó en varias ocasiones, que no está en disposición para viajar a la Isla.
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