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La organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) envió hoy una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para pedirle que incorpore en la próxima Orden Ejecutiva por COVID-19 un mandato de política pública que prohíba los desalojos hasta que culmine el estado de emergencia por COVID-19.
Según dijeron en comunicación escrita, esta debe incluir alquileres e hipotecas.
“Entre el 28 de diciembre del 2019, fecha del primer terremoto que azotó el sur de Puerto Rico, y el final de octubre de este año, se han presentado más de 940 nuevas demandas de ejecuciones de hipoteca. Este año se han ejecutado más de 717 propiedades residenciales. Mientras que ya culminó la moratoria local para el pago de hipotecas, para aquellas subsidiadas federalmente las moratorias terminan el 31 de diciembre. Las moratorias de desalojo por falta de pago de renta también culminan al cierre del 2020”, expone la carta enviada a la gobernadora.
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Para ALPR es “urgente” que se reputa esta acción de moratoria “extendida a las personas que no pueden pagar su renta o hipoteca debido al golpe económico que representa la pandemia”.
A Vázquez Garced también se le pidió que instruyera al Departamento de Vivienda para que fiscalice el cumplimiento con las moratorias de desahucios, de ejecuciones de hipoteca y otras protecciones aplicables al techo.
Sobre las personas que se verían afectadas por no recibir ingresos de renta de aquellas personas que se acojan a la moratoria, ALPR sugirió a la gobernadora que Vivienda y los municipios “utilicen los fondos del CARES Act para promover subsidios de renta e hipoteca”.
Municipios como Bayamón, Canóvanas, Ponce y Caguas ya se han movido en esta dirección.
La carta termina argumentando que “la vivienda es un asunto de salud pública. Los estados y jurisdicciones tienen el poder de ampliar esta moratoria desde el ejecutivo”.
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