A poco más de un año de entrar en funciones como jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, se expresó satisfecho con la dirección que han tomado las cifras de la lucha contra el crimen, particularmente en lo referente a las incautaciones por tráfico de narcóticos y el dinero restituido por fraude contra el gobierno estadounidense.
El fiscal de distrito celebró que al momento la oficina del Departamento de Justicia estadounidense en la isla cuente con todas sus plazas llenas, algo que, aseguró, no ocurría desde hace 14 años.
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La efectividad del trabajo de las autoridades federales contra el trasiego de drogas, sostuvo Muldrow, puede evidenciarse mediante el precio en la calle de las sustancias controladas. Durante la conferencia de prensa, mencionó que a inicios de 2020 el kilo de cocaína se vendía a $21,000, mientras que al presente fluctúa entre los $30,000 y $35,000, lo que apuntaría a la escasez de esta droga en el mercado.
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En ese esfuerzo, Muldrow apuntó al desempeño del llamado Strike Force del Corredor del Caribe (CCSF), un grupo especializado que en lo que va de año ha incautado 15,680 kilos de cocaína, un aumento de 144% respecto a los 6,253 kilos que se ocuparon en todo el 2019.
El CCSF, además, ha incautado $3.1 millones en efectivo 2020, luego de un año en el que la cifra se situó en $1.3 millones. Muldrow puntualizó que esa cifra no incluye las confiscaciones que logran otras divisiones del gobierno federal, como las cajas con $27 millones en efectivo que oficiales de aduana ocuparon en el muelle de San Juan a inicios de septiembre.
Muldrow reconoció que los motivos que generan los crímenes violentos siguen siendo los mismos desde hace décadas, razón por la cual las cifras de asesinatos permanecen elevadas. Sin embargo, rechazó que la posible escasez de droga sea causal de aumento en violencia, reflejada en asesinatos como el de la ‘influencer’ y empresaria Isadora Nieves Cruz –mejor conocida como ‘Pinky Curvy’–, a quien se le vinculaba con el grupo denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera.
“No puedo decir que precisamente un asesinato fue por causa de que hubo una pérdida en altamar, o por una confiscación de dinero. Eso siempre es parte del traqueteo del bajo mundo. Si hay una pérdida o una deuda, eso no ha cambiado. La razón por la que están matando en la calle no cambia. Es por control del punto de drogas, por venganza. He tenido casos donde un acusado mató a un amigo por una deuda por $200. Él dijo que ‘era mi amigo, pero negocio es negocio’. Hay que cambiar la mentalidad de que el valor de un ser humano es más que eso. Nosotros tenemos la obligación de proteger la comunidad y cuando un evento ocurre mover montañas para que esta gente enfrente justicia”, dijo Muldrow.
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El fiscal federal también rechazó que los homicidios de mujeres vinculadas al narcotráfico hayan experimentado un alza significativa, pese a muertes como la de Nieves Cruz, el sábado, y el asesinato de Dorielys Correa Valentín, una joven de 19 años, anoche en la avenida 65 de Infantería.
“Siempre han muerto mujeres y hombres en eso. Desafortunadamente la cosa no cambia. Cuando trabajé en la isla antes (a finales de la década de 1990) la jefa de la ganga en Ponce era Angela Ayala. Fue un caso que arrestamos como 70 personas. No ha cambiado”, recalcó Muldrow.
Atención a fondos federales
Por otro lado, el fiscal de distrito precisó que la división encargada en litigios de naturaleza civil ha logrado la restitución de cerca de $26 millones en lo que va de año, mediante una oficina con un presupuesto de $12 millones.
Con respecto a los casos de fraude a los beneficios de desempleo por pandemia (PUA), Muldrow aceptó que a la fiscalía federal le tomará “más tiempo” procesar criminalmente a los infractores, ya que el enfoque serán grupos de personas que conspiren para obtener ilegalmente estos fondos. El funcionario federal enfatizó que los casos en que se pruebe un intento de robo de identidad conllevan un agravante que añade al menos dos años de cárcel a la pena impuesta.
Sin embargo, Muldrow señaló que igualmente contemplarán acción por la vía civil para obtener la restitución de fondos PUA, así como otros programas creados federalmente para mitigar el impacto económico de la pandemia del Covid-19.
De acuerdo con Muldrow, la cantidad de reportes por actividad sospechosa en instituciones bancarias se han disparado desde que se implementó el programa de PUA a inicios de la pandemia.
“Era parte de un proceso donde la necesidad es que ese dinero fuera al pueblo, y cómo el gobierno puede hacerlo de una forma rápida pero también tener precauciones. Fue un ‘trade-off’ y siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Pero eso ya es una pregunta a un nivel más alto que yo”, dijo el jefe de fiscalía federal, al indicar que le solicitó al Departamento federal de Justicia que asigne a Puerto Rico uno de 12 fiscales que se nombrarán a nivel de todo Estados Unidos para atender casos de fraude al PUA.
De cara a las elecciones, Muldrow, nombrado en verano de 2019 por el presidente Donald Trump, indicó que está dispuesto a permanecer en el cargo, independientemente del resultado el 3 de noviembre.
Asimismo, señaló que la fiscalía federal “siempre” está atenta a la posible comisión de fraude electoral en Puerto Rico, un asunto del que expertos han alertado ante los cambios significativos que se implementaron en la nueva ley electoral, que facilita grandemente solicitar el voto a personas que no viven en la isla y, por ende, estarían en posición de participar en más de una elección.
