El propietario de una empresa de suministros médicos en los suburbios de Chicago fue acusado hoy de aumentar ilegalmente los precios a los clientes que buscan comprar mascarillas N-95 en medio de la pandemia de COVID-19.
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Información criminal presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Chicago acusa a Krikor Topouzian, de 60 años, de Winnetka, Ill., de un cargo de violar la Ley de Producción de Defensa de 1950.
El cargo se castiga con hasta un año en una prisión federal. Aún no se ha programado la comparecencia ante un tribunal federal.
Topouzian es el propietario y presidente de una empresa de suministros médicos con sede en Skokie, Illinois.
Según los cargos, Topouzian acumuló en marzo y abril aproximadamente 79,160 mascarillas de respiración, incluidas las mascarillas N-95, a un precio medio de aproximadamente 5.08 dólares por mascarilla.
Más tarde, Topouzian vendió las mascarillas a los clientes a precios tan altos como $19.95, un margen de beneficio de los precios de compra de aproximadamente 185% a 367% por cada una.
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Además, Topouzian participó en la presunta conducta delictiva a pesar de las repetidas advertencias, incluso de las fuerzas del orden, sobre la naturaleza ilegal de su conducta.
Ilegal acumular artículos de primera necesidad
El cargo fue anunciado por John R. Lausch, Jr., Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois; Emmerson Buie, Jr., agente especial a cargo de la oficina local del FBI en Chicago; y Kwame Raoul, Fiscal General de Illinois. El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Christopher V. Parente, con la asistencia de Steve Nate y Peter Ravoori de la Oficina de Juicios Penales de la Oficina del Fiscal General de Illinois.
“Acumular y revender equipos de protección personal a grandes márgenes durante una crisis de salud global no solo es codicioso, es ilegal según la Ley de Producción de Defensa”, dijo el fiscal federalJohn R Lausch.
“Nuestra oficina trabaja incansablemente con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para proteger al público y responsabilizar a las personas por intentar obtener ganancias ilegales de la venta de equipos de protección escasos”, agregó.
El Fiscal General de los EE. UU., William P. Barr, creó el Grupo de trabajo de acumulación de precios y aumento de precios de COVID-19 para investigar y enjuiciar actividades ilegales que involucren equipos de protección personal.
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