La persona que el presidente Donald Trump está considerando para que sea el nuevo miembro de la Junta de Control Fiscal, Justin Peterson, está familiarizado con el tema de la deuda de Puerto Rico.
Según un articulo del periódico Caribbean Business, Peterson estuvo asesonaron a los bonsitas de la Obligaciones Generales (conocidos como GO por sus siglas en inglés) para principios de este cuatrienio y recién nombrada la Junta de Control Fiscal.
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En el artículo, de la periodista Limarys Suárez, Peterson se veía optimista con la palabra del entonces gobernador Ricardo Rosselló sobre su intención de pagar la deuda de los GO.
“Tomaremos la palabra del Gobernador de que pagar la deuda es importante y estamos seguros que llegaremos a un acuerdo. Somos el socio de Puerto Rico para su crecimiento”, comentó Peterson identificado en ese momento como un asesor del grupo ad hoc de bonistas GO.
En ese entonces, Peterson invitó al Gobierno de Puerto Rico a unirse a su demanda en contra de la Corporación del Fondo de interés Apremiante (COFINA).
“Cofina está tomando miles de millones de dólares que le pertenecen al Estado Libre Asociado. Esto no es una disputa entre acreedores, es dinero que le pertenece al Gobierno de puerto Rico”, indicó.
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Actualmente, Peterson es un socio gerencial del Grupo DCI en los Estados Unidos, y se le describe como un profesional con una carrera de más de 20 años en el ámbito político y de políticas públicas.
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DCI Group es una firma consultora independiente de asuntos públicos que se especializa en relaciones públicas, gestión de crisis, participación de las bases y promoción digital. Esta firma, según se describen en su página de Internet, es ampliamente reconocida como la red política más profunda y sofisticada en la industria de asuntos público y aseguran elaborar y ejecutar estrategias exitosas con rapidez y precisión a nivel estatal, nacional e internacional.
DCI Group es la empresa que causó una pelea interna en el Partido Popular Democrático (PPD), luego de que se hiciera público que el fenecido exrepresentante Héctor Ferrer, y el exaspirante primarista a la gobernación por esta colecvitidad, Roberto Prats, habían realizado trabajos de asesoría legal para ellos.
