Asoma en el horizonte otra guerra entre los municipios y la Junta Fiscal

Una nueva batalla entre los municipios y la Junta de Control Fiscal (JCF) parece avecinarse luego de que una tercera parte de los 78 ayuntamientos recibiera cartas a finales de septiembre en las que se les advierte que deben cumplir con sus aportaciones a los sistemas de retiro y salud en el sector público.

Si los municipios no cumplen con estas acreencias, que exceden de forma combinada los $97 millones, y tampoco acuerdan planes de pago con el Departamento de Hacienda y la Administración de Seguros de Salud (ASES), la JCF advirtió en las misivas que ordenaría al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) a retener las llamadas remesas hasta que se compense por el balance adeudado.

Los 26 municipios que la JCF sostiene no han cumplido con aportaciones al modelo ‘pay-go’ para el pago de pensiones o a las aportaciones de plan médico que recibe ASES se dividen en dos grupos.

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En el primer grupo, de 10 pueblos, se encuentran municipios que en el año fiscal 2020 recibieron dinero proveniente del exceso de la Contribución Adicional Especial (CAE) aunque, según la JCF, no habían cumplido con los pagos del ‘pay-go’ y a ASES, dos requisitos para beneficiarse de ese fondo. Por lo tanto, la JCF exigió que devuelvan el balance adeudado, lo que, en el caso de algunos municipios significaría quedarse sin un solo centavo del exceso del CAE, que en esencia es un pote que se creó con el objetivo de permitir a los ayuntamientos cumplir con el pago de su deudas.

Los 10 pueblos que se encuentran en este grupo y deben devolver total o parcialmente el exceso de CAE son Aguas Buenas, Canóvanas, Cataño, Dorado, Guánica, Gurabo, Hormigueros, Las Piedras, Loíza y Salinas. Entre todos, le deben $3 millones al Departamento de Hacienda por concepto de ‘pay-go’ y $1.1 millones a ASES.

La JCF alega que otros 16 municipios, en tanto, no han cumplido con el ‘pay-go’ correspondiente al año fiscal 2018 o 2019, o ambos. San Juan es responsable por $68.4 millones de los $93.6 millones que los municipios adeudan en esta categoría. A la capital le siguen Toa Baja, con $6.8 millones, y Arecibo, con $6.5 millones.

Los demás municipios en este grupo son Cabo Rojo, Caguas, Carolina, Ceiba, Guayanilla, Luquillo, Maricao, Maunabo, Mayagüez, Río Grande, Santa Isabel, Yabucoa y Yauco.

Contrario a lo que ocurre con los municipios a los que exige la devolución del exceso de CAE, la JCF advirtió a los alcaldes de los pueblos en el segundo grupo que a partir del 1 de noviembre el CRIM comenzaría a “deducir una duodécima parte de la deuda pendiente de PayGo para los años fiscales 2018 y 2019 de las remesas municipales mensuales”. En el caso de los municipios que deben devolver exceso de CAE, la JCF no precisó una fecha para la retención de remesas, pero dejó abierta la puerta a esa posibilidad.

Responde el CRIM

El presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, Javier Carrasquillo, sin embargo, sostuvo ayer en un comunicado de prensa que es “muy prematuro” para considerar la posibilidad de retener parcialmente las remesas asignadas a los municipios. El también alcalde de Cidra indicó que ya se han tomado pasos para abonar a la deuda de los municipios con el ‘pay-go’ y ASES, utilizando un fondo de reserva del CRIM y la liquidación de una deuda del Departamento de Hacienda con el CRIM que databa de 2017.

En el comunicado se indica que las deudas con ASES y el ‘pay-go’ correspondientes al año fiscal 2020 llegaron a ascender a $196 millones, de los cuales quedan $54 millones pendientes de pago. No se ofreció información sobre las deudas con Hacienda por el ‘pay-go’ de los años contributivos 2018 y 2019.

Germán Ojeda, director de asuntos municipales de la JCF, señaló que el organismo no puede certificar el monto de las deudas, ya que se trata de transacciones entre los municipios, Hacienda y ASES, para las cuales el ente federal sirve únicamente como “intermediario”.

Ayer, el alcalde de Villalba y presidente de interino de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, denunció que la retención que comenzaría el 1 de noviembre pondría en riesgo $66 millones de los frágiles presupuestos municipales.

Al preguntársele de dónde provenía la cifra de $66 millones, Hernández dijo que se deriva de las cartas que la JCF ha enviado a los distintos municipios.

“Ese es el problema de la JCF, que sus números nunca han sido consistentes con la realidad. Recientemente intentaron hacer proyecciones de ingresos en el CRIM que tampoco son reales”, manifestó el ejecutivo municipal villalbeño.

Ojeda, en entrevista con este medio, mencionó que la preferencia de la JCF es que los municipios alcancen acuerdos de pago con Hacienda y ASES, y de esa forma evitar recurrir a las retenciones que le requerirían al CRIM.

“Estamos trabajando con los municipios. Varios ya se han comunicado con nosotros, nos han enviado cartas, nos han enviado copias de pagos, documentación para evidenciar los balances que supuestamente se adeudan y nos han pedido ‘conference calls’ para discutir cómo se va a atender el tema. Hay algunos por los cuales todavía estamos esperando. El interés de la Junta es que estos temas se atiendan a la brevedad posible”, dijo Ojeda, sin precisar si la JCF acudiría a los tribunales para forzar al CRIM a retener remesas si al 1 de noviembre algunos municipios no han realizado gestiones para abonar a sus deudas.

“No podemos anticiparnos a qué va a hacer el CRIM y menos aún la decisión que tomarán los miembros de la Junta (Fiscal)”, agregó el contador público autorizado.

A pesar de que el Tribunal Federal en abril declaró nula la Ley 29-2019, que eximía a los municipios de aportar a los sistemas de pensiones y plan médico de empleados públicos, Hernández instó al CRIM a desacatar los dictámenes de la JCF y llevar la disputa por las deudas a corte, de ser necesario.

“El CRIM se debe a los municipios, no a la Junta (Fiscal). Los alcaldes le estamos pidiendo al CRIM que desacate la orden de la Junta y vayamos a los tribunales de frente. Que nos derroten en los tribunales, si ese es el desenlace. Pero la inconstitucionalidad de la Ley Promesa hay que seguir combatiéndola cada vez que la Junta se entromete en asuntos que acaparan renglones que no les compete”, dijo Hernández, al opinar que los municipios están pagando los “platos rotos” de la mala administración del gobierno central.

Para el economista José Caraballo Cueto, el “telón de fondo” de la controversia son los recortes ordenados por la JCF sin contemplar un “plan de reingeniería” de las finanzas municipales. En otras palabras, que el organismo ordenó recortes sin precisar en qué áreas se debían implementar, al tiempo que los alcaldes tampoco han tenido la voluntad de impulsar mecanismos, como la consolidación de oficinas administrativas entre distintos municipios, que generarían economías sin impactar drásticamente los servicios a la ciudadanía.

“En ese sentido, me parece que los dos están mal, la JCF por pedir recortes sin decir cómo y los alcaldes por no hacer ajustes y simplemente pensar que con recortar o afectar el futuro de los empleados se iba a solucionar todo”, opinó Caraballo Cueto.