Un grupo de acreedores presentó ante la jueza Laura Taylor Swain, en el Tribunal Federal una moción para imponer fechas límites para la continuación del plan de ajuste de deuda de Puerto Rico.
En el documento, presentado el 6 de octubre, es por parte de la Coalición de Deuda Constitucional Legítima, bonistas de Obligaciones Generales, Constitutional Debt Group y QTCB Group.
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“Casi tres años y medio después, este proceso del Título III le ha costado al pueblo de Puerto Rico más de $650 millones en honorarios profesionales, pero La Junta aún tiene que “encontrar el camino a seguir” para que la Isla salga de la bancarrota. El progreso requiere plazos claros para que la Junta procese un plan de ajuste confirmable”, indicaron.
Asimismo, el grupo opinó que a cuatro años de la quiebra la Isla sigue en el mismo estado, sin acceso a los mercados y sin transparencia financiera.
“La decisión de la Junta de no pagar bonos que tienen una clara prioridad legal y que el gobierno de Puerto Rico representaba consistentemente a los inversionistas como la obligación más importante del Estado Libre Asociado, ha persistido a pesar del hecho de que (a) Puerto Rico ha generado suficientes flujo de efectivo para realizar todos los pagos programados de Obligaciones Generales, (b) el ELA ha superado todas las proyecciones financieras de la Junta, incluida la generación de recaudaciones de impuestos récord en el año fiscal 2019, y (c) tiene casi $21 mil millones en saldos de cuentas bancarias gubernamentales e instrumentales, de los cuales $9.5 mil millones se encuentran en efectivo en la Cuenta Única de Hacienda”, argumentaron.
Asimismo, el grupo pidió que a más tardar, el 30 de noviembre de 2020, la Junta deba presentar una declaración confirmando que tiene la intención de procesar plan de ajuste actual; presentar y entregar una versión modificada, con una declaración de divulgación modificada; o presentar y entregar un plan de ajuste para el Estado Libre Asociado y la Autoridad de Edificios Públicos que la Junta tenga la intención de procesar para su confirmación.
También solicitaron que la Junta entregue a las partes un aviso de no menos de aproximadamente 60 días de la declaración de divulgación de modo que el Tribunal pueda considerar la idoneidad de la declaración de divulgación para el plan a más tardar el 1 de febrero de 2021.
